Mientras el pueblo va retirando el barro de los municipios afectados por la riada, los tribunales empiezan a mover ficha para aclarar qué fue lo que ocurrió el fatídico día del 29-O. Al chaparrón de querellas al que se puede enfrentar Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, se une la petición del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, que ha reclamado los expedientes sobre la gestión de la dana a la Agencia Valenciana de Emergencias, según informa Levante-EMV.
Es más que probable que en los próximos días caigan más denuncias y querellas de todo tipo en proporción a la dimensión del desastre que se ha producido. Toda una provincia arrasada va a dar para un sinfín de acciones de todo tipo, de particulares, de compañías de seguros, de asociaciones, de municipios y comarcas, de organizaciones de agricultores. Con total seguridad se van a reclamar miles de millones en reparaciones, en primer lugar, a la Generalitat Valenciana como primera responsable, y también al Estado. Y luego están las víctimas mortales y los heridos. Los familiares podrían organizarse para exigir responsabilidades y ahí los implicados en la nefasta gestión, con Carlos Mazón a la cabeza, tienen motivos para estar preocupados. Cientos de muertos (tantos como 223) y decenas de desaparecidos, no es ninguna broma si se demuestra que hubo negligencia, dolo o culpa grave.
Según el diario Público, la Confederación General de Trabajo (CGT) ha presentado una denuncia contra Carlos Mazón ante la Fiscalía Provincial de València. Se trata de un escrito de 19 páginas “al que ha tenido acceso la Directa y en el que se pone de manifiesto que las autoridades valencianas ignoraron las continuas advertencias tanto de la Agencia Estatal de Meteorología como de la Confederación Hidrográfica del Júcar”. Ambos órganos informaron de la posible caída de lluvias torrenciales, así como del desbordamiento del río Magro. Según estas acusaciones, Mazón no solo desatendió la previsión de la AEMET, sino que la desautorizó públicamente en redes sociales donde aseguró que no existía “ninguna alerta hidrológica”. En la mayoría de sus declaraciones insistió en que el riesgo era mínimo y no fue hasta pasadas las 20.00 horas que envió la alerta a los móviles de la población valenciana.
Además, los responsables del podcast 'Greuges pendents', formado por Quico Miralles, Andrea Kruithof y Juan Cardona. lanzaban la iniciativa a la red de impulsar un formulario para presentar una denuncia popular contra el Consell presidido por Mazón, informa Valencia Plaza. Un simple escrito de Google Forms con el objetivo de“recoger adhesiones para iniciar acciones judiciales” contra la Generalitat Valenciana ha sido suficiente para generar el movimiento. “Necesitaremos juristas, aportaciones económicas, voluntarios...”, señala el documento que hasta ahora han firmado casi 1.800 personas.
Al mismo tiempo, un abogado valenciano está detrás de la primera acción judicial, que también se ha dirigido al Supremo contra Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Grande-Marlaska. El TSJ valenciano ha admitido a trámite la demanda del letrado ante la “inactividad” del presidente Mazón y la Agencia de Seguridad y Emergencias dependiente de su Gobierno a la hora de gestionar la alerta y la emergencia catastrófica. “La letrada judicial de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de este órgano firma el decreto, al que ha tenido acceso este diario, en el que se ordenan los primeros pasos para tramitar este asunto”, añade el periódico valenciano.
¿Qué material de interés ha podido reclamar el TSJ? La documentación por escrito de las decisiones que se adoptaron aquel día, copia de los protocolos de actuación, mensajes de políticos y funcionarios, audios, llamadas telefónicas que se cruzaron, declaraciones de testigos y correos electrónicos. Se fija además un plazo de 9 días para que los responsables autonómicos puedan personarse en el procedimiento. “El demandante es el abogado valenciano Curro Nicolau, quien adquirió cierta notoriedad mediática por sus recursos contra las medidas que limitaron los movimientos de los ciudadanos durante la pandemia de covid. Este abogado ha presentado una demanda similar ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska”, asegura Levante-EMV.
El pasado fin de semana, durante la gran manifestación de Valencia, una participante en la protesta aseguraba sobre Mazón: “Ha matado a gente. Sabía desde el 23 de octubre, tenía llamadas para advertirle, de que estábamos en alerta e hizo caso omiso”. La sombra del Código Penal pesa sobre el honorable.