La apertura de diligencias por parte del Consejo General del Poder Judicial contra la jueza de Catarroja que investiga las negligencias políticas durante la DANA de 2023, pone el foco en la creciente presión que ejercen los responsables imputados. Con acusaciones de parcialidad y afirmaciones de “falta de imparcialidad”, los ex altos cargos intentan desacreditar a quien hoy examina su actuación en una de las tragedias más graves que ha vivido la Comunidad Valenciana.
Cuestionamientos desde dentro del banquillo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja, tras la presentación de varias quejas por parte de los principales investigados en el caso que analiza la gestión institucional del temporal extremo de octubre de 2023, conocido como la dana.
La denuncia más contundente llegó de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, que considera que su derecho de defensa ha sido “gravemente vulnerado” por resoluciones judiciales con afirmaciones que, según su defensa, contienen juicios de valor más propios de una sentencia que de un auto de imputación. En concreto, se refiere al señalamiento judicial de un “aviso tardío y erróneo” a la población y una “manifiesta pasividad” en la gestión de la alerta, lo que Pradas considera sin base probatoria suficiente.
A las críticas de Pradas se ha unido Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias. Ambos están imputados por homicidio y lesiones por imprudencia, en un caso que ha sido avalado por la Audiencia Provincial de Valencia.
Una causa con implicaciones políticas y jurídicas
La investigación por la gestión política de la emergencia tras la dana toca una fibra sensible del debate público: ¿hasta qué punto deben rendir cuentas los responsables institucionales cuando su falta de previsión cuesta vidas?
El expediente abierto por el CGPJ no implica, por el momento, una sanción ni una acusación contra la jueza. Se trata de un procedimiento habitual tras una queja formal, que sirve para valorar si existe o no materia disciplinaria. Sin embargo, la intensidad de las críticas desde el entorno de los imputados, que incluso apuntan a la “falta de imparcialidad” de la magistrada y a la supuesta intervención de su pareja en la instrucción, ha elevado la presión sobre la independencia judicial.
Para algunos sectores, la reacción defensiva de los cargos implicados tiene un doble objetivo: desacreditar a la jueza y desplazar el foco de lo verdaderamente grave, que es el contenido de los autos: 228 muertes y una gestión deficiente de la emergencia climática. Un episodio que evidencia no solo fallos técnicos, sino también la falta de cultura de responsabilidad política real ante desastres evitables.
La defensa de Argüeso ha llegado a pedir el apartamiento de la jueza y de su marido, magistrado en Valencia, reclamando que el caso pase a manos de un sustituto legal. Mientras tanto, el juzgado sigue instruyendo la causa con base en testimonios, informes técnicos y actuaciones administrativas que, en palabras de las acusaciones populares, dibujan un panorama de negligencia institucional sistemática.