Tres relatores de la Comisión de Venecia, el organismo dependiente del Consejo de Europa, se van a desplazar a España a mediados de septiembre próximo. Buscan desbloquear la fórmula mediante la cual, dentro de tres años, deberá renovarse el Consejo General del Poder Judicial. Su actual composición impidió, hace unos meses, un acuerdo entre los sectores progresista y conservador. Aquellos quieren que siga siendo el parlamento el que designe a los veinte vocales introduciendo como novedad el que “se tendrán en cuenta las listas de candidatos presentadas por las asociaciones profesionales”. Los conservadores quieren que sean los miembros de la carrera judicial los que elijan directamente a los representantes en su órgano de gobierno. Argumentan que así se homologan a los estándares europeos. La presidenta, Isabel Perelló, optó por trasladar al Congreso de los diputados las dos propuestas radicalmente opuestas. Las derechas judicial y mediática ya están manipulando las intenciones con que vienen los representantes del Consejo. Dicen que su misión es presionar al gobierno cuando ni el ejecutivo ni el CGPJ pueden tomar una decisión que está en manos de la cámara baja.
El que actúa como embajador del Partido Popular ante las instancias europeas, Esteban González Pons, se está dedicando a presionar a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa para que tome una decisión ante lo que los populares definen como “intromisión del ejecutivo en el poder judicial”. Consideran un triunfo el último informe sobre el estado de derecho no sólo porque se advierte que no se ha avanzado en la lucha contra la corrupción, sino que también señala que todavía se está lejos de acercarse a los estándares judiciales europeos apuntando directamente al Estatuto fiscal, aunque en el documento se consideran positivos los avances en esta materia. Y, sobre todo, aunque no se menciona expresamente, la falta de acuerdo sobre el futuro modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En el Partido Popular insisten en que la elección directa es la fórmula utilizada en los países de nuestro entorno y, tal y como ya se ha dicho aquí mismo, este argumento no es del todo cierto ya que se suelen utilizar fórmulas mixtas. Incluso hay países como Francia donde una parte de los miembros del órgano de gobierno de sus jueces son designados directamente por el poder ejecutivo.
La Comisión de Venecia es una institución que elabora informes objetivos, sin recibir presiones de ningún tipo. Cuando sus miembros estuvieron aquí estudiando la amnistía dejaron claro que la entonces proposición de ley encaja dentro del contexto jurídico europeo. Es verdad que reflejaron algunas reservas como que la norma se haya tramitado de forma urgente. También recomienda acotar su alcance temporal, pero destaca que se garantiza la separación de poderes, ya que un juez decidirá quién se puede beneficiar o no de la legislación. Aun así, y como suele suceder en estos casos, cada uno hizo la lectura más conveniente a sus intereses. El gobierno y la izquierda consideraron que el informe elaborado avala la ley de amnistía mientras que la derecha conservadora destaca aspectos del mismo que son los que han presentado como cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, TJUE, como son los delitos de terrorismo.
Si tenemos en cuenta estos antecedentes, el informe que van a elaborar ahora en torno al modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial puede ser tan ambiguo que cada una de las partes se lo apropiará. Pero concreciones escasas por no decir que ninguna.
Los relatores deberán de tener en cuenta que tanto la Constitución como la ley orgánica del Poder Judicial regulan la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que deja en manos del Parlamento. Por lo tanto, habría que elaborar una nueva norma, un verdadero encaje de bolillos, para adaptarla a la pretensión de la derecha con el apoyo de las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados: la elección directa por parte de los miembros de la carrera judicial.
Bruselas lo viene avisando. Hay que modificar la elección y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial “para separar los poderes del Estado y convertir en independiente el correspondiente a la administración de justicia”. Unas advertencias adecuadas a países donde las interferencias de los políticos son evidentes, como es el caso de Hungría y Polonia, y, en menor medida, pero con intentos de proyectos parecidos, en Italia y Holanda. Desde los tiempos en que Didier Reynders era el comisario de justicia se ha insistido en la necesidad de adecuar las estructuras judiciales de este país a los estándares europeos. El gobierno ya ha empezado. La modernización de la administración judicial con la creación de los tribunales de primera instancia que agrupan a los antiguos juzgados se está poniendo en marcha desde primeros de este mes con resultados bastante positivos según señalan fuentes jurídicas. Los siguientes pasos pasan por la aprobación parlamentaria del “proyecto de ley orgánica por la que se modifica la 6/1985 de 1 de julio del poder judicial, y la 50/1981 de 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras fiscal y judicial”, la conocida como ley Bolaños que ha sido contestada en forma de movilizaciones y huelgas por las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales.
La derecha judicial espera que los relatores de la Comisión de Venecia elaboren un informe demoledor sobre esta macro reforma de la justicia. Y, después avale su tesis de que los vocales del órgano de gobierno de los jueces deben ser elegidos de manera directa por los miembros de la carrera judicial lo que daría ventaja a las asociaciones conservadoras que se harían con el control del poder judicial de este país, su inconfesable objetivo. Es poco probable que los miembros de la Comisión de Venecia acepten discutir esta pretensión. Pero, aún si lo hicieran, cabe recordar que sus dictámenes no son vinculantes. El gobierno seguirá su hoja de ruta tal y como hizo con la amnistía. La estrategia del PP de llevar este asunto a Europa no le está siendo rentable al partido de Núñez Feijóo.