La corrupción política no es un accidente, es una forma de gobernar cuando fallan los controles y sobra la impunidad. Por eso este plan —que coordinará Montero— no es solo una reforma técnica, sino una declaración política: o defendemos la democracia, o aceptamos el saqueo. El PP, como siempre, ha elegido la segunda.
Una respuesta institucional a un problema sistémico
Con el estallido del ‘caso Cerdán’, la derecha encontró una excusa perfecta para enarbolar su falsa superioridad ética. Pero la diferencia entre el Gobierno y la oposición no está en quién tropieza, sino en quién reacciona con responsabilidad democrática. La respuesta del Ejecutivo no ha sido el encubrimiento ni el silencio: ha sido un ambicioso plan estructural que incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, controles al patrimonio de altos cargos, auditorías externas a partidos políticos y el uso de herramientas tecnológicas para prevenir el fraude.
Mientras en las filas conservadoras aún resuena el eco de sobres en B, financiaciones ilegales, mordidas institucionalizadas y tramas de corrupción empresarial —con el PP como protagonista habitual—, el Gobierno opta por colocar luz en los espacios donde antes reinaba la opacidad. Y eso incomoda. Porque el combate contra la corrupción de verdad no se hace desde el plató ni con frases huecas, sino con leyes, con controles públicos, con auditorías, con transparencia real.
La derecha, por supuesto, no ha tardado en tachar el plan de oportunista. Pero ¿qué mayor cinismo que criticar una estrategia nacional anticorrupción cuando ha sido precisamente la pasividad de gobiernos anteriores la que ha permitido que los casos se acumulen como sedimentos de impunidad?
Una enmienda ética al sistema político
El plan estatal no es solo una batería técnica de medidas: es una reivindicación del buen gobierno como fundamento democrático. La corrupción no es una desviación anecdótica, es una grieta sistémica que erosiona la confianza ciudadana, alimenta el descrédito institucional y fragiliza el vínculo social. En este sentido, el impulso de este plan es también un gesto simbólico poderoso: reconocer que el Estado debe empezar por sanear sus propias estructuras para recuperar su legitimidad ante una ciudadanía que —con razón— sospecha de quienes gobiernan.
Frente al relato hipócrita del Partido Popular, que habla de regeneración mientras bloquea comisiones de investigación y evita hablar del pasado —y del presente— de sus dirigentes, el Gobierno se atreve a avanzar en mecanismos de recuperación de activos, castigo a empresas corruptoras y ampliación de plazos de prescripción. Y lo hace con apoyo de estándares europeos y recomendaciones internacionales, lejos del ruido doméstico y los rifirrafes mediáticos.
María Jesús Montero, al frente de la comisión, simboliza el compromiso de una generación política que ha entendido que la ética pública no es decorado, sino columna vertebral. Acompañada por otros ministros y ministras de distintas sensibilidades del Gobierno de coalición, la apuesta es clara: convertir la lucha contra la corrupción en una política de Estado, transversal y permanente.
En un contexto de crispación calculada, donde la oposición convierte cualquier iniciativa en objeto de burla o sospecha, el Gobierno ha optado por hacer lo que más duele a la derecha: actuar con seriedad, legislar con ambición y demostrar que la democracia también se defiende desde la limpieza institucional.