“De los invitados a la boda de la hija de Aznar sólo quedan por imputar judicialmente a los muñecos del pastel”. El chascarrillo que corre como la pólvora en las redes sociales tiene toda la razón. En los últimos años, 29 altos cargos del Partido Popular se han sentado en el banquillo de los acusados. 12 de los 14 ministros de Aznar fueron imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. Hasta hace unos días sólo se salvaban de la quema Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. Y este último acaba de caer. Cuando fue ministro de Hacienda, el de los recortes sociales, las amnistías fiscales, - otra vez el dichoso término que trae de cabeza a la derecha judicial de este país-, y las rebajas de impuestos para las empresas y clases pudientes, muchos de sus altos cargos gestionaban el despacho Equipo Económico. Fueron los que ocuparon la secretaría de Estado y, posteriormente, el ministerio durante su primera etapa en la administración de Aznar. Ese equipo económico se encargó, en el segundo mandato, de influir para favorecer a empresas energéticas, según el titular del juzgado número 2 de Tarragona que ha imputado al exministro. Han sido siete años de investigaciones donde han ocurrido todo tipo de cosas. Una de ellas la persecución a la fiscala encargada del asunto, Carmen García Cerdá. Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, uno de los “fiscales rebeldes” de la etapa actual, la prohibió profundizar en varios correos electrónicos que parecían apuntar a un presunto uso político de Hacienda respecto de la instrucción del caso Gürtel. Y encima en Génova se permiten el lujo de atacar al actual fiscal general del Estado por su “dependencia del gobierno”.
En este medio ya se ha señalado en innumerables ocasiones que poco o nada pueden decir en el PP de la dependencia del FGE del ejecutivo porque ellos hicieron lo mismo. Y ahí está el mejor ejemplo. García Cerdá recurrió a un mecanismo de uso poco habitual, la aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a cualquier miembro del ministerio público mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas por un superior. Luzón no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a estos correosque habían aparecido en la causa, pero la actuación de la fiscal del caso le obligó a reunir en Junta a todos los fiscales anticorrupción para tratar de sumar apoyos a su posición. En la reunión, celebrada el 26 de septiembre de 2023, Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros, mientras que solo cuatro apostaron por García Cerdá, lo que significó que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción quedaron vetadas, al menos desde la fiscalía. García Cerdá no fue apartada y siguió con sus pesquisas. Hizo consultas a la policía judicial sobre esos correos lo que le costó una multa de 1000 euros. Al final se la sustituyó por el teniente fiscal, Antonio Romeral, que, entre otras cosas, desestimó la grabación de las conversaciones de los sospechosos.
Y esta circunstancia, que se acaba de conocer ahora, demuestra la facilidad con que desde el poder ejecutivo se manipula a los fiscales. Sean del color que sean, los políticos que mandan, justificándolo con el llamado “principio de jerarquía”, ordenan a las jefaturas que aten en corto a sus subordinados en temas que son de su interés. No es de extrañar, dadas las circunstancias, que no quieran la reforma del Estatuto Fiscal propuesta por Bolaños porque en la misma se da mayor autonomía a los fiscales sometidos a las órdenes de sus jefes.
Pero hay más. En el auto del titular del juzgado número 2 de Tarragona se imputan a personas que trabajan directamente a las órdenes de Núñez Feijóo. Uno de ellos es Miguel Ferré Navarrete, que fue secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016. El juez asegura que está probada su relación con Equipo Económico y empresas vinculadas al despacho y subraya que ocupaba uno de los “cargos decisivos para que los textos de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento a elevar recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas”. En su auto señala que así lo confirman los correos intervenidos en la investigación, en los que aparece “reiteradamente” mencionado. El juez imputa a nueve altos cargos de la segunda etapa de Montoro como ministro y a cuatro de su primera etapa. En la actualidad, Ferré trabaja para Kreab España como responsable de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles de la consultora. El líder del Partido Popular lo recuperó para reforzar su núcleo económico, integrándolo en los círculos de confianza que le asesoran en materia fiscal.
El nuevo y flamante vicesecretario de Economía y Desarrollo sostenible del PP, Alberto Nadal, no figura en la lista de imputados, pero se encuentra en el punto de mira por formar parte del equipo económico de Rajoy cuando se produjeron los hechos objeto de investigación judicial, entre 2011 y 2016. Era secretario de Estado de Energía, precisamente la actividad objeto del tráfico de influencias de EE, el despacho de Montoro y su empresa vinculada Global Afteli. Las energéticas hasta el momento imputadas pertenecen al área de influencia de Nadal, Air Liquide España, Praxair España, Carburos Metálicos, Abelló Linde, Messer Ibérica y algunos de sus directivos. Además, Nadal pasó a ocupar la secretaría de Estado de Presupuestos dependiente de Montoro convirtiéndose en su más estrecho colaborador. En Génova creen que toda esta circunstancia puede llegar a ser utilizada por la izquierda para desautorizar a su nuevo “gurú” económico.
La dirección del Partido Popular argumenta que esta causa forma parte del pasado y, de esa manera, se desvincula tal y como hizo de la Gürtel, Púnica, Lezo y Kitchen. Es cierto que el caso estuvo archivado, pero ahora ha vuelto a reactivarse. Y si se habla de la corrupción de Ábalos y Santos Cerdán en las actividades de movilidad y obra pública, habrá que tener en cuenta lo que las gasísticas y energéticas pagaron al despacho de Montoro por modificar la legislación para su propio interés. Otro caso más de corrupción cuyo final puede ser demoledor para las aspiraciones de Alberto Núñez Feijóo.