Cuando las llamas avanzan y las llamas políticas arrecian, el Partido Popular vuelve a su estrategia preferida: culpar al Gobierno central. En plena oleada de incendios devastadores en Ourense y en Castilla y León, los presidentes autonómicos Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco claman por la movilización urgente del Ejército. Pero su grito no nace de una planificación coherente ni de un sentido de Estado: es el resultado de una política forestal desmantelada, servicios públicos infrafinanciados y una evidente falta de previsión.
Lo que no dicen Rueda ni Mañueco es que durante años sus gobiernos han recortado, privatizado o ignorado las políticas de prevención de incendios, debilitando a brigadas forestales, infrautilizando medios técnicos y dejando la gestión ambiental en manos de intereses económicos que nada tienen que ver con la conservación del territorio.
Clamar por el Ejército tras abandonar la prevención
Durante su visita al centro de coordinación en Ourense, Rueda pidió "cuanto antes" el despliegue de las Fuerzas Armadas. Lo presentó como una medida “lógica”, ignorando que la lógica sería haber fortalecido durante años los servicios de prevención, las políticas rurales y la gestión forestal pública. Ahora, con más de 3.000 profesionales sobre el terreno y la situación desbordada, el presidente gallego se lava las manos y señala a Madrid.
Lo mismo ocurre con Mañueco en Castilla y León. Desde Villablino, urgía a Pedro Sánchez a activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil y el Ejército. Pero no mencionó que su Ejecutivo ha hecho de la externalización de servicios y del debilitamiento del mundo rural su hoja de ruta. El fuego no entiende de excusas ni de titulares: lo que arde es el modelo de gestión del PP.
Dejar arder el monte... y la responsabilidad
Rueda y Mañueco agradecen con gestos públicos la visita del presidente del Gobierno, pero en el fondo se atrincheran en un discurso de victimismo y acusación. Es el guion habitual: exigir ayuda cuando el desastre ya está en marcha y fingir eficacia con promesas de ayudas mientras las cenizas aún humean.
Ambos dirigentes saben que las competencias en prevención y gestión forestal son autonómicas. Sin embargo, eluden rendir cuentas sobre por qué no se invirtió más en medios permanentes, en reforestación planificada, en fijar población en zonas rurales o en dignificar a los trabajadores forestales.
La ciudadanía exige responsabilidad, no teatro. Los incendios no son un fenómeno nuevo ni imprevisible. Son, en gran parte, el resultado de decisiones políticas tomadas —o evitadas— durante años.