El panorama político español ha vuelto a experimentar una sacudida con el anuncio de la Junts de rechazar los objetivos de déficit del Gobierno, una medida que frena la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. El portavoz de la derecha catalana, Josep Maria Cruset, fue claro en su mensaje durante una rueda de prensa este martes: "Advertimos que era muy importante corregir el déficit en la ejecución presupuestaria de Cataluña y que no se podía dar por supuesto que nuestro voto fuera a cambio de nada en cuestiones de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".
La decisión de Junts
Cruset explicó que el déficit en la ejecución presupuestaria de Cataluña es un problema recurrente, con una ejecución que se sitúa en el 45%, "el último lugar del Estado". Según Cruset, desde 2015, Cataluña ha dejado de recibir 8.000 millones de euros en inversiones, lo que equivale a cuatro presupuestos completos del Estado que no se han ejecutado. Esta situación ha llevado a Junts a adoptar una postura firme, exigiendo que se corrija este déficit antes de considerar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.
Reacción del Gobierno
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado la senda de estabilidad para los próximos tres años, detallando los objetivos de déficit y deuda de las administraciones públicas. Además, ha asegurado que el esfuerzo en la reducción del déficit será asumido íntegramente por la Administración central, sin impacto en las comunidades autónomas y entidades locales. Las autonomías dispondrán de más recursos este año, con dos décimas adicionales para gastar, y una décima más para los ayuntamientos. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para convencer a Junts de cambiar su posición.
Conferencia de Presidentes
Paralelamente, las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) han anunciado que presentarán recursos en cascada al Tribunal Supremo para reclamar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes. Esta conferencia buscaría abordar el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados, un tema que ha generado controversia. Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, ha transmitido esta demanda al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el contexto de la reforma de la ley de extranjería debatida en el Congreso.
Rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería
El Congreso se enfrenta a la posible caída de la reforma de la ley de extranjería, propuesta por PSOE, Sumar y Coalición Canaria. La ley busca hacer obligatorio para las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes no acompañados. Tanto Junts como el PP han confirmado que votarán en contra de la modificación de la norma. Este rechazo representa un desafío significativo para el Gobierno, que ha mantenido reuniones de última hora para intentar lograr el apoyo necesario.
El debate parlamentario no se ha limitado a cuestiones de déficit y extranjería. También se ha abordado la reforma del Poder Judicial, que PP y PSOE han acordado sacar adelante conjuntamente. Durante las discusiones, la diputada popular Cuca Gamarra calificó al presidente Pedro Sánchez como "depredador del Estado de derecho". En respuesta, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, criticó lo que describió como una "causa política" contra el presidente, quien ha sido citado como testigo en un caso contra su esposa, Begoña Gómez.
La situación actual subraya la fragmentación y la complejidad del panorama político español. La decisión de Junts de rechazar los objetivos de déficit y la postura del PP contra la reforma de la ley de extranjería reflejan las tensiones y desacuerdos que dificultan la gobernabilidad. La necesidad de convocar una Conferencia de Presidentes para discutir el reparto de menores migrantes es un ejemplo claro de las diferencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
El rechazo de Junts a los objetivos de déficit del Gobierno y el anuncio de recursos del PP al Tribunal Supremo complican significativamente la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Además, la posible caída de la reforma de la ley de extranjería añade otro nivel de incertidumbre a la política española. Mientras tanto, las acusaciones cruzadas y las tensiones entre los partidos subrayan la necesidad de encontrar consensos para asegurar la estabilidad y el progreso del país. Con el rechazo de Junts y el PP a las propuestas gubernamentales, el camino hacia la aprobación de las nuevas políticas se presenta lleno de desafíos.