No fueron uno ni dos. Fueron decenas de contratos regalados a dedo. La Xunta de Galicia no escatimó a la hora de adjudicar obra y servicios a Eulen, la empresa en la que trabaja la hermana de Alberto Núñez Feijóo. ¿Fue legal este claro ejemplo de nepotismo, de enchufismo familiar? ¿Dónde está la Justicia, dónde hay un juez Peinado para investigar este escándalo mayúsculo? Puede que todo se hiciese de forma regular (la actual legislación es tan laxa y aberrante que permite que una Administración local o regional trocee contratos para poder adjudicarlos a dedo, es decir, al margen de un concurso público oficial al que puedan concurrir todas las empresas interesadas en igualdad de condiciones). Pero lo de Eulen apesta, al menos éticamente. Apesta a caciquismo, apesta a clientelismo, apesta a un caso muy oscuro que debería dilucidarse en los tribunales.
Ayer, el secretario del Área Institucional y Grandes Ciudades del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, denunció la “maquinaria de odio e insolidaridad” del Partido Popular, señalando tres aspectos clave que evidencian esta estrategia. En primer lugar, Gómez de Celis ha puesto el foco en los más de 300 contratos bajo sospecha otorgados a la empresa de la hermana de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. “Feijóo tiene que dar la cara”, afirmó el dirigente socialista, instando al líder del PP a aclarar la situación en la próxima Diputación Permanente del Congreso. “160 de estos contratos se han dado de manera directa, a dedo, sin ningún tipo de procedimiento administrativo”, alegó.
El secretario socialista denunció la “maquinaria de bulos” financiada por el PP en diferentes comunidades y ayuntamientos. “Es muy preocupante porque el primer responsable de todo ello es el Partido Popular”, señaló, exigiendo que cesen de financiar a estos “pseudomedios” que difunden mentiras y promueven el racismo y la xenofobia.
“En la Comunidad de Madrid, desde la llegada de Díaz Ayuso, en 2019, hasta hoy, ya van más de 15 millones de euros en cinco años. Con sus predecesores Eulen obtenía del Gobierno madrileño una media de menos de 150.000 euros por ejercicio, con Díaz Ayuso son unos 3,11 millones anuales: 20 veces más. Desde 2019 hasta la actualidad la Comunidad ha contratado con Eulen Seguridad por un valor superior a los 12,5 millones, es decir 70 veces más”, recuerda el PSOE.
Mientras tanto, Feijóo ha defendido a su hermana y ha retado al PSOE a revisar sus contratos con Eulen. Además, considera “infantil” la estrategia de poner el “ventilador” y afirma que Ferraz, sede del PSOE, señala a la empresa en la que trabaja su familiar “para tapar su corrupción”, en referencia clara al caso que el juez Peinado instruye en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias.
Más allá de que el asunto de Gómez pueda ser más o menos turbio (de momento la Guardia Civil no ha encontrado indicios ni pruebas de que la primera dama haya beneficiado a empresarios privados) llama la atención que la Justicia sea tan rápida, inmediata y rigurosa con un asunto como un máster universitario (donde hasta donde se sabe no ha habido comisión o mordida alguna para Begoña Gómez ni para su marido) mientras hace la vista gorda ante decenas de contratos privados supuestamente adjudicados por la Xunta de Galicia (y también por las comunidades madrileña y andaluza, gobernadas por Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla, respectivamente) a beneficio de la empresa de un familiar en primera línea consanguínea del presidente nacional del Partido Popular. ¿Hay doble rasero? ¿Se miran con lupa los casos de la izquierda, mientras los de la derecha se aparcan porque no interesa tocarlos? ¿Se está practicando el lawfare, la justicia patriótica, la cloaca del Estado? Nos lo ponen muy difícil para no contestar afirmativamente a todas esas sangrantes cuestiones.