Prosigue el escándalo de las adjudicaciones de contratos de la Xunta de Galicia a la empresa de la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Lo último que se ha sabido es que la Xunta de Rueda adjudicó más de 17 millones de euros en dos años a la mercantil en la que trabaja la familiar del político conservador, según informaciones de Público. Desde que el actual presidente del PP ganó las elecciones autonómicas de 2009, la Administración gallega ha asignado a Eulen 54 millones, más del doble que a las otras dos compañías líderes del sector de la seguridad en España. Contundente dato.
La prensa opositora al régimen del PP sigue tirando del hilo, o sea del chorreo o maná de las adjudicaciones a Eulen, que en los últimos años han regado generosamente a la familia del presidente popular. Ahora que empieza a saberse que la mayoría de los contratos iban a parar a esta compañía –pese a que quizá no era la oferta más eficiente y barata para las arcas públicas, sino más bien al contrario, generalmente era la más cara–, se entiende por qué algunos servicios públicos gallegos están bajo mínimos, cuando no en la quiebra y sin inversión. ¿Ha habido despilfarro en la Xunta o cuando menos un manejo demasiado alegre de los fondos de los contribuyentes? Alguien debería abrir una auditoría para examinar cómo, cuándo y dónde se han adjudicado las contrataciones. Y sobre todo por qué no se siguieron determinados concursos públicos, si es cierto que se trocearon contratos para poder adjudicar a dedo, en definitiva, si se cumplió la ley.
Pero mientas se aclara todo eso, los servicios públicos que sostienen el Estado de bienestar siguen resintiéndose de la pésima gestión económica. Según publicó el Diario.es en marzo de 2024, “la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, ha denunciado ante la Valedora do Pobo el retraso en las revisiones a pacientes oncológicos que, en algún caso, alcanza ya los ocho meses”. Por lo visto, el hospital público de referencia en la capital gallega –dirigido por Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo– culpa de esta situación a un “reajuste del personal que está afectando temporalmente a su capacidad para realizar estas consultas”, siempre según el citado medio de comunicación.
“Acompañados por un grupo de quince pacientes de cáncer, los representantes de la entidad han presentado una queja colectiva por la suspensión sine die por parte de la gerencia y el Servicio de Oncología del CHUS de las consultas externas de control, seguimiento y evaluación” para estas personas, recogía el Diario.es. Previamente, durante el fin de semana, la Asociación distribuyó un vídeo con los testimonios de cuatro pacientes afectadas. Belén, operada en octubre de 2021 está pendiente de revisión desde noviembre, lo que le está provocando problemas de salud mental “porque estoy a tratamiento en psiquiatría”. “Me parece una vergüenza”, asegura mientras relata que sus reclamaciones encuentran siempre lo mismo, una “respuesta automática”. María esperaba su primera revisión el 15 de octubre, pero a día de hoy sigue sin tener “a la vista ningún tipo de cita”. “Me siento abandonada y quisiera saber lo que sucede para estar tanta gente en esta situación”. A Esther le tocaba en febrero, así que es quien menos lleva aguardando de las cuatro. “El personal del hospital está tan perdido como nosotros. Ante las reclamaciones y las preguntas que haces no saben qué contestar”. Asegura que le dejaron “ver” que “no soy una persona prioritaria, porque tengo la suerte de tener un cáncer bueno, si eso existe, así que tengo que esperar” ya que “no dan fechas aproximadas ni nada por el estilo”.
De modo que mientras Feijóo coloca a familiares en puestos de alta responsabilidad (incurriendo en un caso de nepotismo o clientelismo familiar), los servicios públicos gallegos, como el vital servicio de salud, siguen deteriorándose, cuando no hechos unos zorros. El Estado de bienestar se va a pique en una comunidad autónoma donde hace tiempo gobierna el liberalismo más cruel, la privatización a calzón quitado y el enchufismo, que es tanto como hablar de caciquismo en pleno siglo XXI.