Ante la persistencia de un bloqueo por parte del Partido Popular (PP) en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno español ha reabierto la posibilidad de una reforma legislativa que facilitaría esta actualización sin la necesidad del consenso con el PP. Esta medida, inicialmente propuesta en 2021, contempla la renovación del CGPJ en primera instancia por tres quintos de los votos y, si no se alcanza esta mayoría, en segunda instancia por mayoría absoluta.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha manifestado que, aunque el Gobierno sigue preferentemente en busca de un acuerdo con el PP, no descarta tomar otras medidas si el bloqueo persiste. "Siempre hemos apostado por el acuerdo, por la normalidad," afirmó Alegría, destacando además el reciente plazo extendido por la Comisión Europea como un incentivo adicional para alcanzar un consenso. Sin embargo, señaló que "es imprescindible recuperar el prestigio de la justicia", subrayando la responsabilidad del Gobierno de proceder con la renovación.
Por otro lado, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, expresó una postura más crítica hacia el liderazgo del PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Díaz acusó al PP de querer "degenerar y destrozar las instituciones" y de necesitar control sobre el CGPJ para favorecer sus propios intereses políticos. "Sería tan sencillo como que Feijóo diga a los españoles si está de acuerdo en que es necesario regenerar, incorporar serenidad, cumplir mandatos constitucionales, hacer trabajos leales de oposición," declaró Díaz, mostrando un claro desencanto con la actitud del PP.
La renovación del CGPJ es un tema crítico para el funcionamiento democrático y la independencia del poder judicial en España. La actual composición del Consejo ha excedido ya su mandato por varios años, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, particularmente en instancias como la Comisión Europea, que ha instado a España a garantizar la renovación para preservar la salud de su democracia.
La posibilidad de reformar la ley para facilitar esta renovación sin la cooperación del PP podría ser un cambio significativo en la política española, buscando asegurar la independencia y el prestigio de la justicia en un clima político cada vez más polarizado. Este debate subraya la importancia de la transparencia y la colaboración en las instituciones democráticas, y pone de relieve la necesidad urgente de acciones concretas para la regeneración y el cumplimiento de los mandatos constitucionales en España.