Ante el agravamiento de la catástrofe humanitaria en Gaza, el Gobierno español ha decidido dar un paso adelante. La propuesta plantea medidas concretas y vinculantes contra la impunidad de Israel, con el foco en detener el hambre, frenar la anexión de territorios y proteger el Derecho Internacional.
La Franja de Gaza agoniza bajo la bota de una potencia ocupante que no distingue entre combatientes y niños. La declaración oficial de hambruna por parte de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF) no es un suceso inesperado, sino la consecuencia directa de una estrategia prolongada de asedio, castigo colectivo y bloqueo. Frente a esta catástrofe, España ha elevado la voz: el ministro José Manuel Albares ha llevado a la UE una propuesta concreta para detener el crimen y empezar, al fin, a exigir cuentas.
En el Consejo de Asuntos Exteriores informal celebrado en Copenhague, Albares ha hecho lo que muchos esperaban desde hace meses: exigir que Europa deje de ser cómplice pasiva y actúe con la firmeza que el Derecho Internacional le obliga. Su propuesta incluye el fin del comercio de armas con Israel, sanciones a quienes torpedean la solución de los dos Estados y apoyo financiero inmediato a la Autoridad Palestina, actualmente asfixiada por decisiones políticas que castigan a toda una población.
Porque la hambruna no es un efecto colateral de la guerra, sino una herramienta de guerra. Así lo denunció el propio Albares, señalando con claridad lo que los eufemismos diplomáticos callan: que Israel ha inducido una crisis humanitaria deliberada, que incluye el desmantelamiento de hospitales, el corte del suministro de alimentos y la negación sistemática de entrada de ayuda humanitaria. Y que todo esto sucede con la tecnología, los recursos y el blindaje político que gran parte de Occidente continúa proporcionando.
El Derecho Internacional, en juego
Los ministros de Exteriores de España, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega y Eslovenia han condenado unánimemente la nueva ofensiva de Israel en la ciudad de Gaza. Pero no basta con condenas. Lo que está en juego no es sólo la vida de miles de civiles palestinos, sino la propia credibilidad de Europa como actor internacional. “Nos jugamos nuestra alma”, ha dicho Albares. No es una exageración: cada día que pasa sin consecuencias reales para Israel es una validación tácita de su impunidad.
Israel continúa su plan de hechos consumados. La expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania, como el de Maale Adumim, rompe físicamente la viabilidad del futuro Estado palestino. La presencia militar permanente en Gaza —una ocupación que nunca cesó, aunque Israel la haya disfrazado de "retirada" desde 2005— es una vulneración directa del Estatuto de Roma y de los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas.
Y mientras tanto, la infancia palestina sobrevive —cuando puede— a base de pan duro y agua contaminada, en campos de desplazados que ya no pueden ni ser llamados refugio.
Más allá de las palabras
España ha dado un paso necesario, pero insuficiente si no logra arrastrar al resto de Europa. Los Estados miembros no pueden seguir parapetados tras frases vacías sobre la “complejidad” del conflicto. La ocupación israelí no es compleja: es ilegal, prolongada y cruel. Y la respuesta humanitaria debe ser política.
Porque no hay neutralidad posible entre ocupante y ocupado, entre quien bombardea escuelas y hospitales y quien entierra a sus hijos sin electricidad, sin agua y sin justicia. Europa no puede seguir vendiendo armas a quien viola sistemáticamente los principios que dice defender.