La lucha por la memoria histórica ha encontrado un nuevo capítulo de relevancia en el ámbito europeo. En un contexto político donde los esfuerzos para derogar las leyes de memoria democrática ganan terreno en diversas comunidades autónomas de España, la Comisión Europea ha dejado claro su firme compromiso con la protección de esta memoria frente a cualquier intento de retroceso. Este compromiso fue reafirmado recientemente por Didier Reynders, Comisario Europeo de Justicia, en respuesta a una pregunta formulada por los eurodiputados socialistas españoles, preocupados por las maniobras del PP y Vox para desmantelar la legislación autonómica en materia de memoria democrática.
Leyes indignas de concordia
En Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria y Extremadura, comunidades bajo el gobierno del PP con el apoyo de Vox, se han lanzado propuestas para derogar las actuales Leyes y Decretos de Memoria Democrática. Estas leyes, que se instauraron para garantizar el reconocimiento y la reparación de las víctimas de los regímenes totalitarios, están siendo amenazadas por iniciativas que buscan reemplazarlas con las llamadas “leyes de Concordia”. Dichas propuestas han suscitado una gran polémica, no solo a nivel nacional, sino también en el seno de las instituciones europeas.
El trasfondo de esta situación refleja un intento de revisión histórica que, según los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, podría poner en peligro el compromiso de la Unión Europea con los valores fundamentales de dignidad humana, derechos fundamentales, Estado de Derecho y democracia. La pregunta presentada en abril por estos eurodiputados a la Comisión Europea era clara: ¿Es compatible la derogación de las leyes de memoria democrática con el marco europeo del Estado de derecho?
Preservar la memoria histórica
La respuesta de la Comisión Europea, a través del Comisario Reynders, no deja lugar a dudas. Preservar la memoria histórica, según el documento oficial, es esencial para apoyar el compromiso conjunto de la Unión Europea en la salvaguarda de sus valores fundamentales. "Es imprescindible que las generaciones actuales y futuras comprendan y recuerden los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios, para evitar su repetición", señaló Reynders. Esta declaración refuerza la postura de la Comisión, que se ha comprometido a continuar apoyando proyectos en toda Europa en el marco del Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, centrados en la historia de los crímenes totalitarios y la promoción de la memoria histórica.
La importancia de este compromiso no puede subestimarse en un momento en el que fuerzas políticas como PP y Vox intentan redefinir el relato histórico en las comunidades que gobiernan. Las propuestas de "leyes de concordia" buscan, según sus defensores, promover una visión reconciliadora de la historia española, superando el enfoque actual que consideran sesgado. Sin embargo, para muchos, estas propuestas representan un intento de diluir la memoria de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, favoreciendo un olvido selectivo que podría abrir la puerta a la negación y la trivialización de las atrocidades del pasado.
La derecha extrema y la extrema derecha europea
Este debate no es exclusivo de España. En toda Europa, la memoria histórica de los crímenes totalitarios sigue siendo un tema controvertido. La Comisión Europea ha estado activa en la promoción de proyectos que recuerdan los horrores del nazismo y el comunismo, y que subrayan la importancia de aprender de la historia para construir un futuro basado en los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. Es en este contexto que la respuesta de la Comisión a los socialistas españoles cobra especial relevancia, pues reafirma la posición de Europa como un baluarte en la defensa de la memoria histórica.
El Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, mencionado por la Comisión, es un ejemplo de cómo la UE se compromete a financiar y promover iniciativas que exploran y enseñan la historia de los crímenes totalitarios. Estos proyectos no solo buscan recordar, sino también educar a las nuevas generaciones sobre los peligros de la intolerancia, la dictadura y el totalitarismo, elementos que marcaron de manera trágica el siglo XX en Europa.
Mientras tanto, en España, el choque entre las propuestas autonómicas de "concordia" y la legislación de memoria democrática vigente es visto como un reflejo de un conflicto más amplio sobre cómo debería recordarse y enseñarse la historia reciente del país. Los defensores de las leyes de memoria democrática argumentan que estas son esenciales para garantizar la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo, mientras que los promotores de las "leyes de concordia" insisten en la necesidad de pasar página y centrarse en un relato que no divida a la sociedad.
En este cruce de caminos, la intervención de la Comisión Europea sirve como un recordatorio de que la memoria histórica no es un asunto que pueda tratarse a la ligera. En su respuesta, el Comisario Reynders subraya la necesidad de que la Unión Europea se mantenga vigilante y activa en la protección de esta memoria, reconociendo su importancia no solo para honrar a las víctimas, sino también para consolidar los valores democráticos que sustentan a la propia Unión.
Así, mientras en algunas regiones de España se discute la posibilidad de derogar las leyes de memoria democrática, la Comisión Europea envía un mensaje claro: la memoria de los crímenes totalitarios es un pilar fundamental para la Unión Europea, y su protección no está sujeta a debate. Esta postura firme de la Comisión refuerza la idea de que, frente a los intentos de reescribir la historia, la memoria compartida debe prevalecer como una herramienta vital para garantizar que los errores del pasado no se repitan.