La Comisión Europea ha optado por no actuar. Ante la petición de que la política de cohesión incluya un trato específico y garantista hacia regiones con identidad nacional, cultural o lingüística propia, Bruselas ha elegido el inmovilismo. En nombre del equilibrio institucional, ha desoído una demanda legítima que ponía sobre la mesa una cuestión tan crucial como silenciada: la protección efectiva de la diversidad interna de Europa, más allá de los folletos turísticos y los discursos bienintencionados.
La diversidad molesta
Las instituciones europeas tienen una rara habilidad para enarbolar la bandera de la diversidad sin mancharse nunca las manos con su defensa concreta. Así ha ocurrido con la iniciativa ciudadana que solicitaba que la política de cohesión comunitaria ofreciera un respaldo específico a las regiones con identidad diferenciada, como Galicia, Flandes, el País Vasco, Córcega o Transilvania, entre otras. Zonas en las que se preservan lenguas, formas de vida y cosmovisiones ajenas al modelo dominante y que no encajan del todo en el relato del Estado-nación clásico.
La respuesta de la Comisión ha sido un desplante cuidadosamente redactado. Reconoce el valor de la inclusión y la diversidad, pero niega que se requieran medidas nuevas. Aduce falta de competencias en algunos aspectos y da por cubierta la petición con lo que ya existe. Es decir, ni agua ni sed: un portazo diplomático.
Europa, que se proclama adalid de los derechos humanos, el pluralismo y la libertad, se muestra profundamente incómoda cuando esa pluralidad atraviesa las fronteras internas de sus Estados miembro. La defensa de las minorías está bien mientras no cuestione la arquitectura centralizada de ciertos gobiernos o los relatos históricos sobre unidad nacional. Así, Bruselas se convierte en cómplice del statu quo, priorizando la estabilidad institucional sobre la justicia cultural.
El espejismo de la inclusión sin compromiso
La retórica de Bruselas apela una y otra vez a la "igualdad de trato", pero rehúye de cualquier compromiso con la equidad real. Hablar de respeto a la diversidad sin políticas activas de fomento y protección es tan vacío como hablar de democracia sin participación. Porque no basta con no discriminar: hay que crear las condiciones para que las identidades minorizadas puedan florecer sin renunciar a sí mismas.
Lo que pedía esta iniciativa no era una revolución, sino una corrección del desequilibrio estructural. Que la financiación europea reconozca, visibilice y potencie la riqueza de sus pueblos, también aquellos que no son hegemónicos en sus Estados. Que la pluralidad no sea solo una postal, sino una política pública con recursos, planificación y voluntad política.
Pero esa voluntad no está. Porque en la Europa actual, las minorías culturales estorban cuando piden algo más que tolerancia pasiva. Estorban si reclaman medios, derechos, lengua, instituciones propias. Porque eso ya no es folclore, es poder. Y Bruselas, en nombre de una neutralidad que nunca lo es del todo, prefiere no incomodar a sus socios ni alterar equilibrios nacionales que siempre pesan más que los derechos colectivos de quienes viven en los márgenes identitarios.
En definitiva, la decisión de la Comisión ha sido una oportunidad perdida. Un síntoma más de la rigidez burocrática de una Europa que se dice unida en la diversidad, pero solo cuando esa diversidad no reclama voz propia. La política de cohesión, nacida para corregir desigualdades territoriales, sigue sin mirar de frente a las desigualdades culturales internas. Y mientras tanto, las regiones que luchan por conservar su lengua, su memoria y su forma de habitar el mundo, seguirán haciéndolo sin el respaldo político que merecen, pero con la dignidad que la Unión parece haber olvidado.