El monte se quema y Feijóo responde con una ocurrencia: crear un registro de pirómanos. Como si con una base de datos se pudieran apagar las llamas, como si el fuego que arrasa los bosques del país fuera obra de una legión de incendiarios organizados y no el resultado de décadas de políticas forestales erráticas, desinversión pública y desprecio a lo rural. La derecha vuelve a señalar al eslabón más débil para esconder su responsabilidad en el origen del desastre.
Una medida inservible para un problema estructural
No hay ninguna evidencia que respalde la idea de una red organizada de pirómanos que recorra los montes de España prendiendo fuego. De hecho, los datos que maneja la Guardia Civil muestran un patrón muy distinto al que insinúa Feijóo: individuos que conocen el territorio, muchos de ellos vinculados al mundo rural, que provocan incendios por imprudencia, negligencia o conflictos personales o económicos. No hay conspiración. Hay precariedad. Hay abandono.
Proponer un registro de pirómanos, además de ser jurídicamente problemático y penalmente discutible, revela una lógica profundamente reaccionaria: transformar un problema ecológico y social en una cuestión de orden público. No hay en la propuesta ninguna reflexión sobre el modelo de gestión forestal, sobre la inversión en prevención, ni sobre el despoblamiento rural que deja miles de hectáreas sin vigilancia ni cuidado. Solo hay castigo. Solo hay espectáculo punitivo.
El Partido Popular, en lugar de mirar hacia sus propias responsabilidades al frente de comunidades autónomas que han recortado personal de prevención, cerrado brigadas forestales o subcontratado servicios esenciales, prefiere ofrecer a la opinión pública un culpable fácil. El pirómano como chivo expiatorio. El delincuente solitario que desvía la atención de la desidia institucional.
La cultura del recorte es la que más quema
El fuego no se apaga solo. No lo apagan los discursos ni los eslóganes. Y, desde luego, no se apaga con bases de datos inútiles. Se apaga con brigadas bien dotadas, con personal cualificado, con inversión sostenida en políticas forestales, con planificación territorial, con una economía rural que haga sostenible la vida en el monte. Todo eso lo ha despreciado sistemáticamente el PP allí donde gobierna.
Es necesario preguntarse por qué, año tras año, Galicia, Castilla y León o Extremadura, todas comunidades con ejecutivos conservadores, son escenario recurrente de incendios descontrolados. No es casualidad. Es el resultado de un modelo que antepone la austeridad al cuidado del territorio, que convierte el monte en una carga económica y no en un bien común.
El registro de pirómanos no es más que una cortina de humo para tapar el vacío de propuestas reales. No hay en Feijóo una sola mención a la transición ecológica, ni a los efectos del cambio climático sobre la sequedad del terreno, ni a la necesaria coordinación entre administraciones. Solo un nuevo intento de judicializar un problema político y ecológico. Y, de paso, criminalizar a un rural que la derecha dice representar pero al que ha dejado sin servicios, sin inversión y sin futuro.