La apertura del Año Judicial, un acto que tradicionalmente simboliza la solemnidad de las instituciones y el respeto al Estado de derecho, se ha visto este año marcada por la ausencia de uno de los protagonistas habituales: Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular, en un gesto que muchos califican de irresponsable y calculado, decidió dar plantón al Rey y a la ceremonia en el Tribunal Supremo para acudir a un mitin junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El pretexto oficial fue un compromiso previo con la agenda del PP madrileño, pero la realidad es mucho más transparente: Feijóo y Ayuso buscaban evitar enfrentarse a un escenario incómodo. En el acto institucional intervendrá el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra procesado por revelación de secretos en relación con la filtración del correo del novio de Ayuso, un empresario confeso de delitos fiscales. La decisión del PP deja claro que, para ellos, los intereses partidistas y personales pesan más que la defensa de la justicia y de la institucionalidad que representa el Rey.
Desde el PP se ha tratado de vender la ausencia de Feijóo como un gesto de respeto hacia la institución monárquica, evitando lo que él mismo ha calificado de “choque institucional”. Sin embargo, esta narrativa no resiste un análisis serio. Lo que Feijóo está haciendo no es proteger al Rey ni al sistema judicial: está politizando un acto que históricamente debía ser neutral y apartándose de la responsabilidad que le corresponde como líder de la oposición.
La estrategia de boicot conservadora
El gesto de Feijóo se enmarca en un contexto más amplio de presión sobre la justicia. Jueces conservadores, organizados en chats privados y reuniones fuera del escrutinio público, estudian la manera de boicotear la presencia de García Ortiz sin faltar al respeto formal al Rey ni a la presidenta del Tribunal Supremo. Estrategias como levantarse durante su discurso o no entrar al salón hasta que concluya su intervención son discutidas como medidas casi obligatorias por quienes buscan visibilizar su rechazo al fiscal procesado.
Lo preocupante no es solo la politización del acto por parte de Feijóo y Ayuso, sino cómo estos gestos se entrelazan con el bloque conservador en la judicatura. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el predominio de jueces conservadores en las cúpulas de los principales tribunales han dejado una estructura desequilibrada que favorece los intereses de la derecha. Durante el último año, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria, ha logrado 51 de las 134 designaciones en los tribunales superiores, incluyendo casi la mitad de los ascensos al Tribunal Supremo, consolidando un control que condiciona la aplicación de justicia en casos relevantes.
Feijóo y Ayuso, cómplices de la politización judicial
El plante de Feijóo ante la apertura del Año Judicial es solo la punta del iceberg de una estrategia mucho más amplia: la politización de la justicia al servicio de los intereses del PP. La actuación de García Ortiz, procesado por filtraciones vinculadas al entorno de Ayuso, se ha convertido en el pretexto perfecto para que el PP intente desacreditar al fiscal y, al mismo tiempo, reforzar su narrativa de persecución política contra sus aliados.
Ayuso, por su parte, sigue reforzando un estilo de liderazgo basado en el espectáculo y el marketing político. Su mitin en Arganda del Rey, coincidiendo con un acto institucional de máxima relevancia, demuestra que su prioridad no es la defensa de las instituciones ni el respeto al Estado de derecho, sino la consolidación de su imagen y la de su partido. La coordinación entre ambos, Feijóo y Ayuso, pone de manifiesto que para el PP la política y la justicia son herramientas intercambiables según la conveniencia del momento.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que anunció el miércoles que no acudiría a la apertura del Año Judicial el viernes, ha asegurado que quien “mancha” este acto es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga”. “Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia”, ha añadido Feijóo en un mensaje en su cuenta de X.
Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 4, 2025
Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi…
Un acto institucional convertido en símbolo de confrontación
El resultado es evidente: un acto que debería ser de respeto y neutralidad se convierte en un escenario de confrontación. Felipe VI presidirá la apertura del Año Judicial con la tensión palpable en la sala, marcada por la ausencia del líder de la oposición y las estrategias de boicot de ciertos jueces conservadores. La institucionalidad queda en segundo plano frente a la lógica de partidos y liderazgos personales, y la ciudadanía es testigo de cómo la política de altos vuelos sacrifica la confianza en la justicia por motivos partidistas.
El procesamiento de García Ortiz y la intervención del Supremo ponen de relieve la importancia de mantener los principios de imparcialidad y respeto a la ley. Que Feijóo y Ayuso elijan mitines y agendas partidistas por encima de la solemnidad institucional es un mensaje peligroso: convierte la justicia en un espectáculo político y debilita la percepción pública sobre la independencia de los poderes del Estado.
La ausencia de Feijóo y la estrategia de Ayuso reflejan un desprecio por la institucionalidad que resulta alarmante en cualquier democracia consolidada. Mientras el país espera que sus líderes políticos defiendan el Estado de derecho, lo que se observa es un juego de estrategias partidistas que utilizan la justicia como arma, dejando de lado la responsabilidad, la ética y el respeto a los ciudadanos.
En este contexto, la apertura del Año Judicial no es solo un acto ceremonial: es un termómetro de la salud democrática de España. La decisión del PP y de sus dirigentes madrileños evidencia que, para ellos, la política prevalece sobre la justicia, y que cualquier institución que se interponga en sus intereses es susceptible de ser instrumentalizada o ignorada. Frente a esto, la sociedad necesita liderazgos que prioricen la legalidad, la transparencia y la defensa de las instituciones por encima de los intereses partidistas.