Félix Bolaños, ministro de Justicia y, por lo tanto, responsable del protocolo de la inauguración del año judicial de este viernes, no ve inconveniente alguno en que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esté presente y se siente junto al rey en el acto porque “está en plenitud de sus facultades”. Bolaños ha querido dejar claro que “es muy conocida la posición que tiene el gobierno de apoyo al fiscal general, a la magnífica labor que está llevando en la persecución del delito y en contar la verdad”. En el Partido Popular no piensan igual y censuran que “un fiscal general imputado esté tomando la palabra ante el rey, el Consejo General del Poder Judicial y la sociedad española”. Y, al mismo tiempo, señalan que la Fiscalía no puede estar presidida por “alguien bajo sospecha judicial”. Difícil situación la que se le presenta a García Ortiz cuando, además, está pendiente de resolución la petición de una de las acusaciones personadas en la causa en la que se le acusa de un delito de revelación de secretos para que el juez instructor, Ángel Hurtado, le aparte de la fiscalía general.
De momento todos los agentes implicados en este feo asunto parecen respetar el principio constitucional de presunción de inocencia y, por lo tanto, no se oponen a la decisión del gobierno, que es quien tiene la última palabra, de mantener a García Ortiz en su puesto. Todos menos la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, que insiste en que el juez Hurtado debe apartarle de sus funciones. Argumentan que es “imperativo para garantizar el correcto desarrollo del proceso”. De todas maneras, la petición de la asociación que ejerce la acusación en la causa ha sido calificada por los expertos como imposible de llevar a la práctica ya que el instructor no tiene facultades para suspender al fiscal general del Estado de sus funciones. El único que puede cesarlo o apartarlo es el gobierno y Pedro Sánchez ha reiterado su apoyo a García Ortiz.
De todas maneras, las iniciativas de la asociación que lidera el fiscal del Supremo, Salvador Viadas, son bastante extravagantes. A finales del año pasado intentó que el instructor del Supremo, Ángel Hurtado, ampliase la imputación a delitos de prevaricación y apoderamiento ilícito de información basándose en los informes de la UCO de la Guardia Civil elaborados tras el registro de las dependencias de la fiscalía general del Estado. Unos registros en los que, por cierto, nunca se ha aclarado la presencia de Viadas quien llegó a denunciar públicamente haber presenciado la manipulación de un teléfono por parte de García Ortiz y su segunda, la teniente fiscal Ángeles Sánchez-Conde.
Por lo tanto, parece poco probable que el juez Hurtado, que ya está siendo muy criticado por la forma en que ha llevado la instrucción, opte por retar al gobierno y proceda a la inhabilitación de García Ortiz. De todas maneras, el fiscal general del Estado se encuentra en una situación bastante embarazosa. Se va a tener que sentar en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos. La sala de Apelaciones del Supremo ha avalado al instructor en un auto en el que se traspasan los límites del procedimiento jurídico dando por sentada, prácticamente, la comisión del delito que se le atribuye algo que sólo puede decidirse en un juicio y por el tribunal que debe juzgarlo.
Se da la paradoja de que, de los tres magistrados de la sala de Apelación, el que fue propuesto para redactar la ponencia tuvo que renunciar a ello al no contar con el respaldo de los otros dos miembros, quienes sí aprecian indicios suficientes de delito. El juez discrepante, Andrés Palomo, ha presentado un informe razonado y contundente por el que se opone a la apertura de juicio contra el fiscal general del Estado. A sus compañeros de instancia, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, se les vincula con el Partido Popular lo que les desautoriza para valorar su actuación y dar vía libre a su acusación. Sánchez Melgar fue nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy fiscal general del Estado, y Eduardo de Porres está casado con Sagrario Fernández, que pertenece al comité ejecutivo del PP en Villaviciosa de Odón.
Expertos juristas califican de “insólitos” los argumentos de estos dos magistrados para dar vía libre al proceso de García Ortiz. Son los mismos que discrepan de los compañeros que creen que el fiscal general del Estado debe renunciar. “Ni la presunción de inocencia ni las extravagancias del proceso impiden reclamar su renuncia a seguir en activo. Hacerlo no es dar una victoria a quienes siempre han perseguido su destitución como trofeo político, sino mostrar más responsabilidad que aquellos en el cuidado de las instituciones como forma de apuntalar el fortalecimiento del sistema” señala el catedrático de Derecho Procesal, Jordi Nieva.
Pero lo cierto es que un importante sector de la judicatura, incluidos algunos fiscales de signo progresista, cree que es mejor que García Ortiz “se eche a un lado” para no hacer más daño a la institución de lo que ya se ha hecho con este tema. Las opiniones al respecto están muy divididas y eso se va a notar, y mucho, en el anacrónico “acto solemne de apertura del año judicial”. La derecha judicial, deseosa de apartar a una de sus bestias negras, no va a dejar de manifestar que es una vergüenza que “un procesado se siente a la derecha del rey y de las máximas autoridades del poder judicial”. Habría que recordarles que a García Ortiz se le acusa de haber filtrado a la prensa los correos de una persona que está imputada, y a punto de ser procesada también, de un delito fiscal y que lo que buscaba en esos mensajes es un acuerdo con la fiscalía para evitar el ingreso en prisión. No hay en la figura del FGE ninguna responsabilidad penal mayor que ésa y que, de ser condenado, que está por ver, todo lo más le caería un año de prisión.