El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reafirmado que no presentará su dimisión después de que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo confirmase su procesamiento por la supuesta revelación de datos de la investigación contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía defiende su inocencia y advierte de que esta causa se ha convertido en una herramienta para cuestionar la autonomía del Ministerio Público.
Una decisión que coloca a la Fiscalía en el centro de la tormenta
El auto del Supremo, hecho público este martes, rechaza los recursos del fiscal general y de la propia Fiscalía y deja a García Ortiz a un paso del banquillo de los acusados. La decisión confirma el criterio del instructor, el magistrado Ángel Hurtado, que el pasado 16 de octubre le imputó por un presunto delito de revelación de secretos.
El mismo auto, no obstante, revoca el procesamiento de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al entender que se limitó a cumplir las instrucciones de su superior jerárquico. La Sala considera que no hay indicios de delito en su actuación entre el 7 y el 14 de marzo de 2024, periodo en el que se produjeron las comunicaciones objeto de la investigación.
Un fiscal general que no se mueve
Desde el primer momento, García Ortiz ha manifestado su inocencia y ha dejado claro que su responsabilidad no se mide por las presiones políticas sino por la defensa de la institución que representa.
La nota oficial emitida tras el auto reitera su voluntad de continuar al frente del Ministerio Público, pese a la campaña de descrédito que lo rodea. “Reafirmo mi compromiso con la integridad de la Fiscalía y con el servicio público que me corresponde”, sostiene el fiscal general.
Lejos de ceder al ruido mediático, ha optado por mantener la calma y seguir trabajando, mientras insiste en que los hechos que se le imputan no son constitutivos de delito y forman parte del ejercicio legítimo de sus funciones.
La sombra política de un caso mediático
La filtración de datos que da origen al proceso está relacionada con la investigación por presuntos delitos fiscales cometidos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuya trascendencia pública ha sido utilizada como un ariete contra la Fiscalía y contra el propio Gobierno.
La causa ha crecido en un clima de extrema polarización, donde cada decisión judicial es inmediatamente interpretada como un movimiento político.
Resulta significativo que la Sala haya tomado la decisión por mayoría y no por unanimidad. El magistrado Andrés Palomo expresó su discrepancia con la decisión de mantener el procesamiento, lo que evidencia que la instrucción no cuenta con un respaldo cerrado en el propio Supremo.
La defensa de la independencia del Ministerio Público
Para la Fiscalía, este caso no solo afecta a una persona: pone a prueba la independencia del Ministerio Público frente a presiones externas. Los portavoces del organismo recuerdan que el fiscal general no ha sido acusado formalmente de beneficiarse ni personal ni políticamente de la filtración y que toda su actuación estuvo enmarcada en la obligación de informar sobre un asunto de enorme relevancia institucional.
La decisión de García Ortiz de no dimitir envía un mensaje claro: el Ministerio Público no puede ser gestionado a golpe de titulares ni de vendettas políticas.
La institución, recuerdan desde dentro, no puede convertirse en rehén de intereses partidistas cuando se trata de ejercer la acción pública, aunque esta incomode a quienes tienen poder.
La confirmación del procesamiento abre la puerta a un juicio que, más allá de lo jurídico, será también político y simbólico.
En juego está algo más que un caso concreto: la capacidad de la Fiscalía de resistir ante un clima que mezcla presión mediática, utilización partidista y una estrategia clara para erosionar al máximo responsable del Ministerio Público.