La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha solicitado que un juzgado ordinario inicie una investigación sobre la gestión de la DANA que devastó la región el pasado 29 de octubre, dejando un trágico balance de 223 fallecidos, tres desaparecidos y decenas de municipios afectados. Esta decisión afecta directamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a su equipo de gobierno, quienes enfrentan siete denuncias y querellas que acusan desde prevaricación hasta homicidio imprudente.
El epicentro del caso: denuncias acumuladas
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decidió agrupar todas las denuncias relacionadas con la tragedia bajo una misma causa, dada la conexión entre los hechos y los implicados. Entre los señalados, además de Mazón, destacan la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Las acusaciones también apuntan a organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología, señalando una presunta negligencia en la gestión del desastre.
Los delitos investigados incluyen prevaricación, lesiones, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La Fiscalía subraya la necesidad de esclarecer si las decisiones –o la falta de ellas– contribuyeron a la magnitud de la tragedia.
El papel de Mazón y la controversia del aforamiento
Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat, cuenta con aforamiento, lo que significa que solo el TSJCV puede procesarlo si se hallan indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, la Fiscalía considera que la investigación debe comenzar en un juzgado de instrucción, que luego, de ser necesario, remitiría el caso al TSJCV. Este procedimiento asegura que las pesquisas iniciales se centren en esclarecer los hechos con independencia de la condición política del investigado.
En este contexto, Mazón ha defendido su gestión, calificando las denuncias como "ruido político" y acusando a la Fiscalía de filtrar el caso en un momento que, según él, busca desviar la atención de otros temas relacionados con el Gobierno central.
Las críticas de la oposición y las demandas de las víctimas
Desde Compromís, Joan Baldoví ha señalado directamente a Mazón y su equipo como responsables de muchas de las muertes ocurridas durante la DANA. "Estas víctimas eran evitables si hubieran actuado a tiempo", afirmó Baldoví, quien exige justicia para las familias afectadas. Mientras tanto, asociaciones como SOS Desaparecidos y varios sindicatos han sumado sus demandas, reclamando no solo explicaciones, sino también reparaciones a los damnificados.
Por otro lado, desde el Gobierno central, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que si se confirman responsabilidades, Mazón debería dimitir. "Las víctimas están desamparadas, y esto es una consecuencia directa de una gestión fallida", subrayó Robles durante una sesión de control en el Senado.
Procesos paralelos y un sistema judicial saturado
Además del caso principal, otras querellas avanzan por distintos cauces judiciales. Entre ellas, denuncias presentadas por el sindicato Manos Limpias contra organismos técnicos y una demanda administrativa por inacción contra la Presidencia de la Generalitat. Estos procedimientos reflejan una creciente presión sobre el sistema judicial, que ahora debe determinar no solo responsabilidades penales, sino también coordinar las múltiples demandas civiles derivadas de los daños materiales.
Un balance devastador y una gestión cuestionada
Los efectos de la DANA siguen siendo palpables: más de 80 municipios arrasados, miles de damnificados y pérdidas materiales que aún no se han cuantificado por completo. Para los críticos, la tragedia expone las debilidades de la gestión de emergencias bajo el liderazgo de Mazón. Por su parte, el presidente insiste en que las acusaciones tienen una motivación política y en que su equipo hizo "todo lo posible" en una situación extrema.
Sin embargo, las familias de las víctimas y los ciudadanos afectados exigen más que palabras. A medida que las investigaciones avancen, el foco estará en si hubo negligencias evitables y qué consecuencias penales –y políticas– enfrentarán los responsables. Mientras tanto, la sombra de la DANA sigue proyectándose sobre la Generalitat, con Mazón como principal protagonista de una tormenta política y judicial que apenas comienza.