Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, fue detenido el pasado 27 de mayo por sus vínculos con un conocido hacker y por presunta sustracción de datos personales. Por momentos, el Partido Popular tembló. La sombra de la Policía Patriótica, que durante años espió a altos cargos y políticos de este país, volvió a planear sobre Génova. El plan de Feijóo consistente en aparecer como el gran regenerador de la democracia española se venía abajo por el recuerdo de la cloaca pepera que, como una maldición, retorna una y otra vez.
Ayer, el empresario Javier Pérez Dolset, contacto de la socialista Leire Díez en la investigación de las cloacas del Estado contra el PSOE, se refirió a la situación dramática que vive Martínez, antaño pieza fundamental del Gobierno de Rajoy. “Paco lleva veinte meses queriendo contar cosas y no le dejan”, aseguró Dolset en un programa de televisión. El industrial que se siente víctima de la cloaca, y que dice tener diez mil horas de audios y cientos de miles de documentos sobre el caso Villarejo que la Justicia ha desechado, siguió apuntando a la cloaca del PP. “Paco [Martínez] es buena persona. Vino a pedirme perdón. Nos sentamos a mirar los papeles caso por caso”, aseguró.
¿Qué cosas tan delicadas y sensibles sabe el que fuera número dos del PP con Rajoy? ¿Por qué lo han ingresado en prisión tan repentinamente? ¿Acaso no goza este ciudadano de libertad de expresión para que le dejen expresarse ante un tribunal con entera autonomía? Son demasiadas sospechas que recaen sobre el Partido Popular y sobre ese sector conservador de la judicatura que sigue al pie de la letra el dictado de Aznar (aquello de “el que pueda hacer que haga” contra el sanchismo). La sensación que transmitió Dolset es que el ex secretario de Estado de Interior quiere tirar de la manta, pero no lo dejan. Y mucho menos ahora que está en prisión, casi incomunicado como el peor de los terroristas. Está claro que han metido al pájaro en la jaula para que no cante.
Dolset aseguró que cinco periodistas llegaron a reunirse con el comisario José Manuel Villarejo para investigar sus audios y grabaciones, aunque se negó a dar sus nombres. “Nosotros nos reuníamos todas las semanas, primero en lugares públicos, luego en despachos de abogados o en casa de alguna víctima de la cloaca, pero nos pinchan los teléfonos”, añadió. Según el empresario, la cloaca del PP espió a cientos de personas hasta el año 2017, fecha en que se acaban las grabaciones de Villarejo.
Llama la atención las prisas con que la Justicia ha internado en la cárcel a Martínez. La magistrada instructora asegura en su auto que “existe un riesgo serio y cierto de que pueda alterar o destruir las fuentes de prueba” que forman parte en estos momentos de la investigación. Por eso, ha decretado prisión provisional para el que fuera mano derecha del exministro Jorge Fernández Díaz. Ahora bien, llama la atención la prisa que se ha dado la Justicia para encarcelar a Martínez. Sorprende que alguien que ha desempeñado tan alto cargo en el Ministerio del Interior esté dispuesto a fugarse. Algo no cuadra en todo este asunto que apunta, una vez más, a las cloacas del Partido Popular.
Francisco Martínez está acusado de blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, particularmente allanamiento o intrusismo en un sistema informático, así como apoderamiento y cesión de datos reservados.
El pasado martes, la jueza que investiga el caso emitió un auto de once páginas demoledor para los intereses del expolítico del PP. Pese a que la defensa de Martínez aseguró que solo ayudó al hacker a crear dos sociedades, este documento le considera “el coordinador jurídico-operativo y arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal”. Además, la magistrada sostiene que el expolítico del PP lideraba “las acciones de blanqueo de imagen y legitimación pública” del hacker, informa La Sexta.
Gracias a sus conocimientos jurídicos y experiencia política, dice la magistrada, Francisco Martínez se encargaba también de blanquear la imagen del joven, que era el cerebro encargado de los ciberataques para obtener información sensible de empresas energéticas; entidades públicas españolas, como la DGT o el Registro Civil; y de empresas internacionales de países como Andorra, Bolivia o República Dominicana. Dice la jueza que el ex número 2 de Interior conocía al detalle el funcionamiento de este gran entramado, que trabajaba a través de un servidor en Suiza y ocultaba sus movimientos con pagos en criptomonedas y empresas pantalla. Según la magistrada, Francisco Martínez tenía acceso a las bases de datos donde almacenaban toda la información. Lo tratan como a un yihadista de Al Qaeda, pero lo que ocurre en realidad es que infunde mucho miedo a las élites políticas, judiciales y financieras de este país.