Más de 4.000 ciudadanos españoles fueron exterminados en los campos de concentración nazis con el conocimiento, y la pasividad cómplice, del régimen franquista. Ocho décadas después, la justicia española empieza a mirar de frente una de las páginas más ignominiosas y silenciadas de su historia.
En el horror absoluto de Mauthausen, Gusen o Sachsenhausen, donde la vida humana valía menos que una piedra de cantera, miles de españoles republicanos fueron condenados a una muerte brutal. Eran considerados "rojos", enemigos del régimen de Franco, y por eso fueron entregados o abandonados a su suerte ante la maquinaria de muerte del nazismo. Ocurrió entre 1940 y 1945, en pleno apogeo de dos regímenes totalitarios unidos por el odio a la democracia: la dictadura de Hitler y la de Francisco Franco.
Ahora, por primera vez, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática se atreve a romper décadas de impunidad. Bajo la dirección de la fiscal Dolores Delgado, se investigará no solo el genocidio cometido contra los deportados españoles, sino la posible colaboración del régimen franquista en su persecución, deportación y exterminio. La investigación se ampara en la Ley de Memoria Democrática y se centra en graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
La cifra estremece: 4.435 españoles fueron torturados y asesinados en los campos, muchos de ellos sin nombre, sin tumba, sin justicia. La mayoría eran exiliados republicanos que habían huido a Francia tras la Guerra Civil. Allí, bajo la ocupación nazi, fueron marcados como "rotspanier" (españoles rojos), una etiqueta infame que los condenó al exterminio. Más de 7.000 de ellos fueron deportados solo a Mauthausen y Gusen.
El régimen de Franco, lejos de interceder por ellos, colaboró activamente o miró hacia otro lado. Nunca los reconoció como ciudadanos dignos de protección, nunca reclamó sus cuerpos ni su memoria. Su destino se selló entre alambradas, hornos crematorios y trabajos forzados. España calló. Y el mundo también.
El inicio de esta investigación llega en un momento simbólico: el 80 aniversario de la liberación de los campos de Mauthausen y Gusen, una efeméride que aún no ha sido suficiente para despertar del todo la conciencia nacional sobre este episodio. Mientras los reyes asistirán a los actos de conmemoración cabe una pregunta: ¿por qué ha tardado tanto la democracia española en exigir responsabilidades?
La historia no puede seguir siendo reescrita por los vencedores. Las víctimas, esos miles de republicanos olvidados, tratados como escoria por dos dictaduras, merecen algo más que un homenaje: merecen verdad, justicia y reparación. No es solo un deber con el pasado; es un compromiso con el presente y el futuro. Porque callar es también una forma de complicidad.