El desastre que arrasa Galicia no es una fatalidad climática ni una serie de coincidencias. Es la consecuencia directa de un modelo forestal fallido, montado por el PP desde la Xunta, que ha dilapidado fondos europeos y nacionales, y ha convertido la prevención de incendios en un negocio opaco, precario y politizado. Ourense, epicentro de la catástrofe, es también símbolo de una dejación institucional que hoy devora montes, casas y vidas.
Fondos públicos sin ejecutar, monte sin proteger
Mientras Galicia arde desde hace más de diez días, los fondos europeos, estatales y autonómicos destinados a prevención siguen sin ejecutarse. Así lo denuncian desde el propio Consello Forestal de Galicia. La Xunta licitó en noviembre de 2024 un concurso público para labores preventivas en 2025. A 18 de agosto, no se ha ejecutado ninguno de sus lotes. Tampoco se han tramitado los 480 expedientes solicitados por las comunidades de montes, responsables del 20% del territorio gallego.
La gestión es inaceptable, pero no sorprende. En 13 años, la Xunta ha reducido un 90% la inversión en prevención de incendios. Lo que debería haberse traducido en desbroces, cortafuegos o vigilancia en los 30.000 núcleos rurales gallegos, se ha perdido entre ineficacia administrativa y reparto clientelar de recursos. El resultado está hoy ardiendo: más de 340.000 hectáreas calcinadas en lo que ya es el peor año en tres décadas.
"No es una cuestión de falta de fondos, es una cuestión de voluntad política", denuncia Alfonso Fernández, vocal del Consello Forestal de Galicia y del Comité de Seguimiento de los Fondos Europeos. "La Xunta ha convertido la prevención en una red de contratos sin control y sin resultados."
El legado de Feijóo, un modelo forestal fallido
La política forestal actual es una herencia directa de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP nacional diseñó este sistema durante su etapa como presidente gallego. Su sucesor, Alfonso Rueda, no ha cambiado nada. Y mientras las llamas consumen O Courel, O Invernadoiro o el entorno del Sil, la Xunta sigue sin un cuerpo profesional, público y estable de prevención y extinción.
"El problema no es solo que el monte esté seco, es que el sistema está podrido," resume Xosé Santos Otero, trabajador forestal y también vocal del Consello Forestal. A las comunidades de montes se les prometieron millones, tractores y recursos para prevenir. Hoy no han recibido ni el dinero ni la gestión.
La Xunta presume de tener más de 200 millones de euros al año para defensa del monte, pero sigue dedicando más del 80% a apagar fuegos y menos del 20% a prevenirlos. Galicia es, paradójicamente, la comunidad que más gasta en extinción y menos en prevención. Lo que no impide que siga batiendo récords en superficie quemada.
La precariedad también quema. PP y Vox han bloqueado en las Cortes gallegas leyes para consolidar y profesionalizar los cuerpos de bomberos forestales. Hay más de 4.000 personas trabajando en condiciones irregulares, repartidas entre empresas privadas, consorcios públicos y personal eventual. Así lo explican desde los sindicatos: rotación altísima, falta de formación y cero estabilidad.
"Todos los años formamos brigadas nuevas desde cero. No hay un operativo consolidado. Y luego se preguntan por qué todo arde", denuncia Edu Frías, delegado sindical de CGT.
Una Xunta que huye de responsabilidades
Ante el colapso, la Xunta vuelve a tirar de manual: primero culpar al Gobierno central, después hablar de pirómanos organizados. Es el mismo guion que Feijóo ya utilizó en 2006. Solo que entonces posaba con una manguera de jardín; ahora busca réditos desde Génova mientras Galicia se calcina bajo las mismas decisiones que él tomó durante más de una década.
El oportunismo político no extingue incendios. Y la propaganda, aunque disfrazada de gestión, no protege a los pueblos que hoy han perdido casas, ganado, tierras y futuro.
¿Qué exigen los expertos?
Desde el Consello Forestal, Alfonso Fernández y Xosé Santos Otero reclaman medidas urgentes y estructurales:
-
Ayudas inmediatas a las personas y poblaciones afectadas.
-
Regeneración sostenible y biodiversa de las zonas calcinadas.
-
Supresión de estructuras clientelares y privatizaciones encubiertas.
-
Creación de un cuerpo público de prevención y extinción, profesional, estable y auditado.
"No se trata solo de apagar incendios. Se trata de reconstruir un país que la mala política ha dejado arder."