La Policía francesa ha registrado la sede del partido ultraderechista Agrupación Nacional. El operativo, motivado por sospechas de financiación ilegal, pone de nuevo bajo los focos a una formación política que, lejos de regenerarse, reproduce prácticas oscuras, antisistema y contrarias a los principios básicos del Estado de derecho. Con Marine Le Pen ya condenada e inhabilitada por malversación de fondos europeos y su sucesor, Jordan Bardella, clamando "acoso" ante la acción judicial, la ultraderecha vuelve a mostrar su verdadero rostro: victimismo, opacidad financiera y un profundo desprecio por las normas democráticas que finge defender.
Corrupción electoral y blanqueo, el núcleo de la investigación
Una veintena de agentes de la Policía judicial francesa, acompañados por dos jueces de instrucción, irrumpen en la sede del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) en París. El motivo: sospechas de financiación irregular en múltiples campañas electorales, presidenciales, legislativas y europeas, entre 2020 y 2024. El historial de este partido, antaño marginal y ahora peligrosamente normalizado, está plagado de escándalos y de un uso sistemático de la mentira y el dinero opaco como herramientas de ascenso político.
La investigación, abierta la semana pasada tras denuncias institucionales, apunta a delitos de una gravedad difícil de subestimar: fraude contra una figura pública, ejercicio ilegal de la banca, blanqueo de capitales agravado, falsificación de documentos y financiación ilícita de campañas. No hablamos de tecnicismos contables ni de errores administrativos, sino de prácticas que erosionan los cimientos de la democracia y revelan hasta qué punto la ultraderecha opera bajo una lógica de impunidad.
El manual del victimismo
Jordan Bardella, presidente de RN y delfín de Le Pen, ha denunciado una supuesta “campaña de acoso” y ha tildado el registro de “atentado contra el pluralismo”. El discurso es calcado al de otros líderes autoritarios de Europa y América Latina: cada vez que la justicia actúa, es por una conspiración; cuando la ley se aplica, es porque hay un sistema corrupto que quiere silenciarlos.
Pero aquí no hay conspiración alguna. Hay hechos. En marzo de este año, Marine Le Pen fue condenada a cinco años de inhabilitación por malversar fondos de la Unión Europea mediante contratos falsos con asistentes parlamentarios. No es una acusación menor, es una sentencia firme. Y ahora, a esa condena se suma esta nueva operación judicial, que ha llevado a la incautación de correos electrónicos, registros contables y documentos internos del partido, según ha confirmado el propio Bardella.
La Fiscalía de París ha ido más allá: además de registrar la sede central del partido, se han intervenido las oficinas de varias empresas y los domicilios de sus responsables. Todo apunta a una trama de financiación paralela y préstamos personales encubiertos, ofrecidos por particulares afines a la formación, que podrían constituir un mecanismo para sortear la legislación electoral.
Una organización atrapada en su propio historial
La reacción de RN es previsible: describir como mártires a sus miembros y como villanos a los jueces. No hay el más mínimo atisbo de autocrítica ni intención alguna de transparencia. Bardella ha llegado al extremo de calificar de “farsa” las sospechas de que algunos militantes, “mayores, honestos y comprometidos”, estén incurriendo en prácticas ilegales. El problema, como siempre en estos movimientos, es que la legalidad solo importa cuando les conviene políticamente.
Este nuevo escándalo se suma a la reciente investigación abierta por la Fiscalía europea sobre el desvío de 4,3 millones de euros por parte del grupo Identidad y Democracia, del que RN formaba parte en el Parlamento Europeo. En ese caso, se indaga si ese dinero público sirvió para financiar campañas nacionales, lo que violaría flagrantemente las normas comunitarias.
Pese a este historial, el partido ha seguido ganando terreno, convirtiéndose en la primera fuerza parlamentaria individual de Francia. Una realidad inquietante que dice mucho de la desafección ciudadana, pero también del fracaso de quienes han blanqueado sistemáticamente a una organización fundada por un negacionista del Holocausto y que durante décadas ha propagado el odio, el racismo y el antisemitismo como arma política.
Donde gana la ultraderecha, pierde la democracia
Lo cierto es que, lejos de representar una alternativa democrática, RN demuestra día tras día que es un riesgo para las instituciones, para las libertades públicas y para la ética política. Las investigaciones judiciales no son una “persecución”, son un síntoma saludable de que aún queda en Francia una justicia independiente, capaz de actuar incluso cuando el poder político se envuelve en banderas tricolores para esconder sus vergüenzas.
Mientras Le Pen lucha por revertir su condena para presentarse a las presidenciales de 2027 y Bardella se perfila como su posible relevo, queda claro que ni la ambición ni la propaganda han limpiado la raíz del partido: una maquinaria obsesionada con el poder, sostenida por fondos opacos y una narrativa victimista que siempre señala al sistema como culpable de sus propias faltas.
No hay regeneración posible sin rendición de cuentas. Y no hay democracia sólida si se permite que los enemigos de la legalidad se disfracen de alternativa legítima. La ultraderecha ha sido, es y seguirá siendo un proyecto de poder autoritario, incompatible con la limpieza, la transparencia y el respeto a las normas. Lo que ha ocurrido esta semana en París no es un capítulo aislado, sino una advertencia: donde gana la ultraderecha, pierde la democracia.