Primera entrega de una serie de artículos que documentan un caso tan repetido como silenciado, el de Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante años, su empresa ha sido beneficiaria de contratos públicos adjudicados sin concurso, en un esquema que se ha convertido en norma dentro de la administración gallega.
No es una filtración explosiva ni un escándalo nuevo. Es simplemente la continuidad de un patrón conocido, normalizado y sistemáticamente ignorado: el reparto de contratos públicos menores a empresas vinculadas a familiares del Partido Popular gallego.
La empresa que dirige en la zona noroeste del Estado, Eulen, ha recibido desde enero de este año 173.681 euros a través de 63 contratos menores, todos ellos adjudicados a dedo por diferentes organismos públicos gallegos bajo el control del gobierno de Alfonso Rueda. El método es ya de sobra conocido, servicios previsibles como limpieza y seguridad se fraccionan y reparten como si fuesen urgencias puntuales, así se evita el concurso público, se reduce la transparencia, se impide la competencia y se mantiene el círculo cerrado.
Entre los organismos adjudicadores destacan el Sergas, con 47.425 euros en siete contratos; el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, con 46 contratos por 65.424 euros; la CRTVG, con siete adjudicaciones por casi 14.000 euros; y la Fundación Semana Verde, con tres más que suman otros 47.000 euros. A pesar de que estas cifras podrían escandalizar por sí solas, el dato más relevante no es cuánto, sino cómo y a quién. Esta no es una cuestión de eficiencia ni de servicio público. Es una cuestión de oportunidad política y vínculos familiares.
Lo más preocupante es que esta práctica no es nueva. En 2023, la misma empresa facturó 1,8 millones de euros en 175 contratos menores. Y entre 2022 y 2024, la Xunta le adjudicó más de 17 millones de euros, buena parte también sin concurso. Este tipo de favoritismo no solo daña la credibilidad de las instituciones públicas, sino que bloquea el acceso de otras empresas, alimenta un ecosistema de privilegio y favorece la concentración de poder económico en círculos próximos al poder político. La hermana del líder del PP no debería tener acceso preferente, pero lo tiene. Y lo ha tenido siempre.
En Galicia, el aparato institucional actúa como correa de transmisión de intereses familiares y políticos, con una opacidad que no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que perpetúa una forma de clientelismo revestido de legalidad formal. La utilización sistemática de contratos menores como vía para beneficiar a determinados entornos personales no es una anécdota, es una estrategia política consolidada, tolerada e incluso protegida desde las cúpulas del poder autonómico.
El parentesco y la cercanía política siguen pesando más que la transparencia y la competencia en Galicia. Porque si hay algo que no ha cambiado, es el método. Un método que convierte el acceso a fondos públicos en un privilegio reservado, no en un derecho en igualdad de condiciones. Y mientras esto continúe, lo verdaderamente escandaloso no serán los contratos concretos, sino el sistema que los hace posibles.