En septiembre de 2022, la prensa recogía un jugoso titular: “Sánchez consolida su giro a la izquierda”. Además, se informaba de que el presidente del Gobierno estaba dispuesto a promover un impuesto a las grandes fortunas y que su estrategia consistía en alinear al PP con los ricos y al PSOE con las clases medias y trabajadoras. Hoy, tres años después de aquel hito que se antojaba histórico, las reformas han quedado en una especie de quiero y no puedo, un aguachirle que no convence al votante de izquierdas, en horas bajas y desmoralizado por los últimos casos de corrupción.
La derogación de la infame reforma laboral del PP de 2012 fue solo parcial (nunca se recuperaron los 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente); la contratación indefinida no ha podido terminar con la precariedad y la negociación colectiva no ha alcanzado las cotas del pasado (ya se encargó Rajoy de debilitarla al máximo). Es cierto que se ha elevado el salario mínimo interprofesional desde los 735 euros de 2018 a los 1.134 de 2024, pero las empresas siguen encontrando resquicios y artimañas para no pagar lo que marca la ley. El miedo al despido es libre y el trabajador prefiere seguir cobrando algo a no cobrar nada.
Fruto de esos objetivos no alcanzados, España se ha convertido en ese país donde encontrar una vivienda digna es misión imposible. Y no solo porque los bajos salarios (por debajo de la media europea) impiden a la población más joven acceder al mercado inmobiliario en calidad de propietarios, sino porque los fondos buitre (siguen teniendo el mismo poder que antes de que Sánchez llegara a la Moncloa) acumulan pisos y casas mientras que el mercado continúa instalado en una burbuja donde los precios no dejan de crecer. La crisis de 2008 vino a cambiar el paradigma y este dejó de ser un país de propietarios para convertirse en un país de arrendatarios (en la mayoría de las ocasiones alquiler de zulos, habitaciones y cuartuchos compartidos, que es lo máximo con lo que puede soñar un joven aspirante a la utópica emancipación).
Poder adquisitivo ínfimo, vivienda inasequible y desigualdad. Ese es el cóctel terrible que este Gobierno no ha sabido desactivar, de modo que hoy por hoy la población juvenil (y no tan juvenil), empieza declararse antipolítica, pasota, descreída y desafecta con la democracia. Los jóvenes españoles votan a Vox (23 por ciento) porque miran a sus abuelos boomers y a sus padres de la generación X y llegan a la conclusión de que ellos, como representantes de la generación milenial o de la Z (la ultimísima hornada), han sido estafados. Jamás podrán entrar en el selecto club de los propietarios, rentistas y clases medias. Y eso alimenta la frustración, el sentimiento de exclusión social y la rabia contra el sistema. No es un fenómeno solo español. Los chicos belgas votan ultra en un porcentaje del 22 por ciento; los austríacos se sitúan en el 27; un 32 por ciento ha caído ya en las garras de Le Pen; y hasta un 33 simpatizan con los neonazis de Alternativa para Alemania. A todos ellos la extrema derecha los ha convencido de que el inmigrante les ha robado el futuro cuando no es así. El futuro, en todo caso, lo hurtan políticos incompetentes y corruptos que, con la ayuda de las élites financieras nihilistas, no han sabido construir un verdadero Estado de derecho con un tejido social fuerte y cohesionado.
El fenómeno es una auténtica tragedia que puede germinar en cualquier momento en movimientos mucho más agresivos y violentos, tal como ocurrió en los años veinte del pasado siglo. Y Pedro Sánchez lo sabe. ¿Se lo está tomando en serio nuestro presidente para devolver la esperanza a toda esta gente que ve el porvenir más negro que un pobre zurdo en la Argentina de Milei? Nos llegan noticias de que el inquilino de Moncloa prepara un giro a la izquierda para la segunda parte de la legislatura, otro de esos supuestos cambios de rumbo como el cacareado del año 2022 que, caso de producirse, llega tarde. Si Sánchez se envuelve ahora en la bandera roja, puño en alto, no es porque de repente le haya entrado una extraña fiebre obrera reivindicativa. Lo hace forzado por las circunstancias. Los casos de corrupción lo han puesto contra las cuerdas y sus socios de coalición le amenazan con dejar caer el Consejo de Ministros si no empieza a dictar ya políticas auténticamente de izquierdas. Gabriel Rufián se lo dejó muy claro hace solo unas semanas, cuando desde la tribuna de las Cortes, y en medio del vendaval por el caso Koldo y el encarcelamiento de Santos Cerdán, le dijo en tono funesto: “Aprovechemos el tiempo que nos quede, pase lo que pase, para avanzar [...] No sé cuánto tiempo queda”. El líder de ERC instó al Gobierno a acordar “tres o cuatro medidas” sociales para que al menos “le gente pueda comprarse un piso”. Y Sánchez tomó buena nota. Qué remedio, vio peligrar su cuello.
No dudamos aquí de que el presidente tenga preparado un ambicioso dosier para darle un tinte aún más socialista al Ejecutivo de coalición. El problema es que llega tarde y los Presupuestos, que deben marcar las partidas concretas a gastar en las respectivas políticas, están en el aire. Entre otras cosas porque depende de los votos de Junts y de Podemos y ambos partidos están implicados en la famosa pinza con el PP para acabar con el sanchismo (Pilar Rahola, siempre bien informada del mundo indepe, ya habla de conversaciones entre Génova y Puigdemont). Los soberanistas no cederán en su exigencia de condonación de la deuda catalana mientras que los de Ione Belarra exigen que no se gaste ni un duro más en la compra de armas, además de una intervención directa en el mercado inmobiliario con reducciones del cuarenta por ciento en el precio de los alquileres. Si Sánchez traga con eso, Feijóo y Abascal le montan un 36. Así que hay muchas posibilidades de que el famoso giro progresista quede en eso, en un nuevo volantazo frustrado. Y frustrante.