Ni cinco delitos fiscales, ni fundaciones suizas, ni regularizaciones millonarias han bastado para convencer al Tribunal Supremo. La querella contra el rey emérito ha sido rechazada con la contundencia de un auto que, aunque no niega las sombras, insiste en que no hay novedad bajo el sol... ni en los tribunales.
El Tribunal Supremo ha vuelto a hablar, y lo ha hecho con la solemnidad que exige el asunto y el magistrado Marchena al frente. El alto tribunal ha decidido no admitir la querella presentada contra Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de las fundaciones Zagatka y Lucum. Según la resolución, “en términos jurídicos, nada ha cambiado” desde el archivo decretado por la Fiscalía en 2022. Y cuando nada cambia, la justicia tampoco se mueve.
La Fiscalía se había anticipado ya, ratificando que la querella no aportaba hechos nuevos ni fuentes de prueba distintas. De hecho, el Supremo considera que lo presentado no era más que una “selección fragmentada e interesada” del archivo anterior. Lo que en otras circunstancias podría parecer una reinterpretación legítima, aquí es tachado de intento de forzar una lectura creativa del Código Penal.
La respuesta judicial ha sido tan detallada como inequívoca: no hay delito, o está prescrito, o ha sido regularizado. Que se tratara de estructuras opacas en el extranjero, que las fundaciones suizas fueran algo más que una coincidencia filantrópica, o que la regularización fiscal se hiciera cuando ya se vislumbraba la tormenta, no ha sido suficiente para que la Sala Penal considere necesaria una investigación.
Desde la izquierda no han tardado en reaccionar. Izquierda Unida ha denunciado el “escudo de impunidad” que protege al rey emérito, y Podemos ha calificado de “vomitiva” la decisión del Supremo, no sin lanzar la ya habitual acusación de que el Poder Judicial está “lleno de golpistas”. La retórica puede ser discutible, pero deja clara una cosa: en la arena política, la figura del emérito sigue siendo un símbolo… aunque para algunos sea más bien un síntoma.
En su resolución, el Tribunal recuerda que los querellantes no han presentado “ningún documento nuevo” que respalde sus imputaciones. Se limitaron, afirma el auto, a pedir que se repitiera la investigación y se “recalculasen los plazos de prescripción”. Una petición que, según la Sala, no rebasa el umbral mínimo del delito fiscal ni el del sentido común jurídico.
Y sin embargo, la cifra no es menor: más de cinco millones de euros recuperados gracias a las regularizaciones del emérito, como recuerda la propia Fiscalía. Un logro que, paradójicamente, confirma la existencia del problema al mismo tiempo que lo neutraliza penalmente.
El Supremo, en definitiva, da por cerrado un capítulo más del voluminoso tomo titulado “El legado de Juan Carlos I”. Mientras tanto, el calendario prescribe y la regularización redime, en lo que para muchos empieza a parecer menos una doctrina legal que una liturgia nacional. ¿Justicia independiente o justicia impermeable? El debate sigue abierto, aunque los autos, por ahora, se sigan cerrando.