La comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado para abordar el polémico acuerdo de financiación singular alcanzado entre el PSC y ERC para Cataluña, ha encendido el debate político. Las críticas han llegado desde dos frentes principales: Junts, por considerar que este pacto desvirtúa los acuerdos previos logrados en Bruselas, y el Partido Popular (PP), que ve en él una amenaza a la igualdad entre comunidades autónomas y una fractura de la solidaridad territorial en España.
Durante una encendida sesión en la Cámara Alta, el senador de Junts, Eduard Pujol, fue claro en su advertencia: “Ojo con las trampas; ni con Junts ni con Cataluña las cosas están para demasiados juegos”. Estas palabras, lejos de ser una mera advertencia, reflejan el profundo malestar que el acuerdo ha generado entre los sectores independentistas más duros, que ven en el pacto una alteración unilateral de lo acordado previamente en Bruselas para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Junts rechaza las modificaciones del acuerdo de Bruselas
Eduard Pujol fue especialmente contundente al afirmar que el pacto entre el PSC y ERC busca modificar el acuerdo alcanzado el pasado otoño en Bruselas, durante las negociaciones para la investidura. “El acuerdo de Bruselas se debe cumplir, no pueden ir en contra de esa dirección, porque usted ya sabe cómo acaba”, advirtió el senador catalán a Montero. Esta declaración no solo subraya la desconfianza de Junts hacia el nuevo pacto, sino que también sugiere un temor a que el Gobierno central utilice estos acuerdos como moneda de cambio para otras negociaciones políticas.
La principal preocupación de Junts radica en la ambigüedad sobre el alcance del pacto. Pujol exigió a Montero respuestas claras sobre cuestiones clave, preguntando directamente: “¿Concierto económico para Cataluña, sí o no? ¿Cataluña saldrá del régimen común, sí o no?”. Estas preguntas reflejan el temor de que Cataluña pueda perder poder financiero o quedar atrapada en un régimen que no le permita gestionar sus propios recursos de manera efectiva. Junts ha reiterado su “no” rotundo al pacto y ha dejado claro que no tolerarán más concesiones que perjudiquen a Cataluña.
PP y PSOE: la batalla por la solidaridad interterritorial
El debate en el Senado no fue solo un enfrentamiento entre Junts y el Gobierno central. El PP, representado por su portavoz Gerardo Camps, también arremetió contra el acuerdo, centrándose en lo que calificó como una violación del principio de igualdad entre españoles. Para Camps, el pacto supone un “concierto económico gradualmente insolidario” que no solo rompe la equidad entre las autonomías, sino que amenaza la viabilidad de la caja común que financia a las comunidades de régimen común.
El principio de ordinalidad, al que alude el propio acuerdo, fue otro de los puntos de conflicto. Según este principio, las comunidades autónomas más ricas, como Cataluña, no deberían situarse en los últimos puestos a la hora de recibir recursos del sistema de financiación. Cataluña, siendo una de las regiones con mayor capacidad fiscal, actualmente se encuentra en una posición en la que contribuye de manera neta al sistema, pero recibe recursos ligeramente por encima de la media. Para el PP, este modelo pondría en peligro los fondos disponibles para otras regiones.
Montero: defensa férrea del acuerdo y acusaciones de "populismo fiscal"
En su intervención, Montero defendió con firmeza el acuerdo entre PSC y ERC, asegurando que este profundiza en el federalismo y garantiza la solidaridad interterritorial. “La Generalitat seguirá contribuyendo a la solidaridad con el resto de las comunidades”, afirmó, destacando que el objetivo es que todos los territorios puedan prestar servicios públicos similares, siempre y cuando se realice un esfuerzo fiscal comparable.
Montero no se quedó ahí. Respondió duramente a las críticas del PP, acusándolos de hacer “tierra quemada” con la confrontación territorial y de carecer de un discurso económico coherente. Según la ministra, el PP ha optado por fomentar la confrontación territorial como estrategia política, en lugar de ofrecer soluciones concretas a los problemas de financiación autonómica. “Han escogido fomentar la confrontación territorial a pesar del riesgo de fractura que conlleva”, sentenció Montero.
Además, acusó a los populares de “populismo fiscal y deslealtad institucional”, argumentando que, mientras piden recortes fiscales, también demandan más recursos del Gobierno central. Para Montero, esta actitud demuestra una falta de compromiso con la estabilidad financiera del país y con la solidaridad entre comunidades autónomas. “Nosotros seguiremos intentando hacer una distribución de recursos que permita acompañar las competencias autonómicas, preservando siempre la singularidad, la capacidad de autogobierno y la igualdad entre los españoles”, añadió la ministra.
El PP redobla sus críticas: "Un concierto a la carta independentista"
Por su parte, el PP mantuvo su línea de ataque, con Gerardo Camps insistiendo en que el pacto es una “financiación a la carta independentista” y acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de estar dispuesto a sacrificar la igualdad entre los españoles por mantenerse en el poder. Esta acusación fue respaldada por Cuca Gamarra, secretaria general del PP, quien acusó al presidente del Gobierno de “comprar el poder” con este acuerdo, tanto para él como para Salvador Illa, líder del PSC y presidente de la Generalitat.
Gamarra dejó claro que el PP seguirá defendiendo un modelo de financiación común para todas las comunidades autónomas y se opone firmemente a la creación de una Agencia Tributaria Catalana, que consideran un peligro para la cohesión fiscal del país.