Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de un escándalo financiero tras ser imputado por delitos fiscales cometidos en 2020 y 2021. Según un informe de la Agencia Tributaria que ha dado pie a la denuncia, González Amador facturó trabajos de "consultoría" a Juan Carlos González Pérez, un empresario español con quien tenía negocios en el paraíso fiscal de Panamá y que, además, fue contratista del gobierno durante la presidencia de Mariano Rajoy.
Intereses en Panamá y en el PP
La trama se complica al revelarse que uno de los pocos clientes de la empresa de González Amador, Maxwell Cremona SL, fue la compañía española Aerofalcon SL, propiedad de González Pérez. Aunque la factura por servicios de consultoría ascendió solo a 7.500 euros y no se incluyó entre las quince consideradas "falsas" por la Agencia Tributaria, su importancia radica en la conexión que establece entre la pareja de Ayuso y el empresario con intereses en Panamá.
El nexo entre ambos se profundiza con la coadministración de dos empresas en Panamá, una de ellas vinculada a Fernando Camino, directivo del gigante sanitario Quirón. Estas empresas panameñas permanecieron inactivas durante varios años por no pagar las tasas locales, siendo finalmente reactivadas y disueltas en 2022, coincidiendo con la inspección fiscal a Maxwell Cremona.
Aerofalcon SL,
Aerofalcon SL, por su parte, no pertenece al sector sanitario sino al aeronáutico y ferroviario, aunque en 2020 amplió su objeto social a actividades relacionadas con el reciclaje y la gestión de residuos. El mejor año de la empresa en términos de facturación fue precisamente 2020, con 4.6 millones de euros, aunque siempre ha reportado beneficios modestos. Paradójicamente, Aerofalcon se declaró en concurso de acreedores a principios de 2022.
Además, en una trama que parece sacada de una novela de espionaje internacional, la sucursal panameña de Aerofalcon, dirigida por Juan Carlos González, fue vetada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en 2023. La acusación señala que la empresa participó en actividades que eludieron sanciones estadounidenses y suministraron piezas de aviones de origen estadounidense a representantes del régimen de Maduro en Venezuela.
La pareja de Ayuso y las practicas cuestionables
Este escándalo no solo arroja luz sobre las prácticas empresariales cuestionables y las redes de influencia política, sino que también pone en entredicho la integridad de la gestión pública. Aerofalcon, durante su tiempo como contratista gubernamental, recibió múltiples contratos de Renfe para la compra de repuestos entre 2015 y 2018, lo que añade otra capa de complejidad a la relación entre el negocio privado y la administración pública durante la última etapa del PP en el poder.
La declaración de insolvencia de Aerofalcon, con un pasivo que supera el millón y medio de euros, y la instrucción del concurso ante el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, revelan las dificultades financieras que enfrenta la empresa en un contexto de graves acusaciones y escrutinio público.
El caso de Alberto González Amador y su red de conexiones empresariales y políticas en Panamá y España es emblemático de cómo los negocios internacionales pueden entrelazarse con la política de manera que a menudo los límites entre lo legal y lo ético parecen difuminarse. Mientras Isabel Díaz Ayuso enfrenta las repercusiones políticas de las actividades de su pareja, el escándalo subraya la necesidad de transparencia y regulación en las interacciones entre el negocio privado y los cargos públicos.