Mientras los incendios avanzan imparables, el Partido Popular busca culpables entre la ciudadanía, evade responsabilidades y propone ideas absurdas como registros de pirómanos. La emergencia climática exige política seria, no propaganda de saldo. La respuesta debe ser más Estado, no más humo.
El fuego no se apaga con titulares
La emergencia ha sacado a relucir la fragilidad del sistema de protección forestal, sostenido por la vocación de profesionales extenuados, y maltratado por años de recortes, externalizaciones y campañas intermitentes. Aunque el ministro Grande-Marlaska ha agradecido el esfuerzo de bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, UME y voluntarios, no basta con aplaudir a quienes se dejan la piel en condiciones precarias: es hora de que los gobiernos autonómicos (muchos de ellos en manos del Partido Popular) asuman su parte de responsabilidad en el abandono estructural del medio rural.
Mientras se proclama la activación de ayudas, la derecha sigue parapetada en una retórica que niega la evidencia científica, culpabiliza al individuo aislado (pirómanos, descuidos, errores) y elude su responsabilidad institucional. Feijóo y sus barones han llegado incluso a banalizar el problema, reduciéndolo a una oportunidad para atacar al Gobierno central, ignorando que son precisamente sus comunidades las que lideran los datos de incendios y devastación.
Una crisis climática con gestión neoliberal
Las olas de calor no son anomalías pasajeras: son el síntoma de una emergencia climática que exige planificación, inversión sostenida y una mirada a largo plazo. Y aquí es donde chocan dos modelos políticos: uno que reconoce la gravedad de la situación y actúa con responsabilidad institucional, y otro que apuesta por la negación, la improvisación y la propaganda.
En lugar de reforzar lo público, la derecha prefiere mantener la ficción de que los incendios se apagan con más Policía o con registros de “pirómanos”, sin cuestionar el vaciamiento de los servicios de prevención ni la desaparición de políticas rurales sostenibles. Pero el fuego no distingue entre provincias ni ideologías: simplemente arrasa lo que encuentra cuando ya nadie lo cuidó a tiempo.
El Gobierno, por su parte, ha activado mecanismos de emergencia que permitirán a los territorios damnificados comenzar una recuperación parcial. Pero ninguna ayuda económica podrá resucitar los ecosistemas arrasados, ni devolver la seguridad perdida a quienes han visto desaparecer su tierra.
Lo que ha ardido este verano no son solo hectáreas: ha ardido también una forma de entender el territorio como mercancía y no como comunidad viva. Urge construir un nuevo pacto con el mundo rural, basado en la justicia climática, la inversión pública y la corresponsabilidad institucional. Porque mientras haya quienes nieguen el problema, seguirán ardiendo no solo los montes, sino también la credibilidad de quienes deberían protegerlos.