El humo de los incendios apenas se ha disipado, y Mañueco ya intenta desactivar el debate político con discursos vacíos. Pero la gestión forestal no se arregla con palabras, sino con inversión, previsión y compromiso con lo público. Nada de eso ha estado sobre la mesa.
Un modelo fallido y privatizado que vuelve a prender
Los incendios no son fenómenos imprevisibles ni catástrofes inevitables. Son la consecuencia de decisiones políticas —o de su ausencia—. Lo ocurrido este verano en Castilla y León, con miles de hectáreas arrasadas, no puede desvincularse de una gestión forestal marcada por los recortes, la externalización de servicios y la precarización de los profesionales que luchan cada día contra el fuego.
El presidente Mañueco, sin embargo, ha optado por el gesto retórico antes que por la autocrítica. Ha apelado a la unidad, ha exigido “altura política”, ha citado a Margarita Robles y ha hablado de la dificultad del operativo. Pero no ha dicho una sola palabra sobre por qué Castilla y León mantiene uno de los modelos más privatizados del país en la lucha contra los incendios. No ha respondido por qué, año tras año, se inicia la campaña con efectivos temporales y recursos insuficientes. Ni ha explicado por qué los profesionales forestales llevan años reclamando mejoras sin ser escuchados.
Es difícil no ver cinismo en un discurso que pide evitar la “confrontación política” justo después de haber sostenido un Gobierno con Vox, que niega el cambio climático y desprecia abiertamente las políticas ambientales. Esas son las coordenadas en las que se mueve Mañueco, y esa es la contradicción que elude con calculada ambigüedad.
El bosque arde… y la ciudadanía se organiza
Mientras el presidente hablaba en el interior del Parlamento autonómico, en el exterior se congregaban cientos de personas reclamando dimisiones. Pedían la cabeza del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural. Pero su protesta iba más allá de los nombres: exigían una gestión pública, estable y profesionalizada de los recursos forestales. No más contratos temporales, no más empresas subcontratadas, no más improvisación.
Porque lo que está en juego no es solo el paisaje, ni siquiera los cultivos o las casas —que también—. Lo que arde con cada incendio mal gestionado es la confianza en unas instituciones que deberían proteger lo común, lo de todas y todos. Y que, sin embargo, se pliegan una y otra vez a las lógicas del beneficio privado, incluso en algo tan crítico como la protección del territorio.
En este contexto, Mañueco pide convertir los incendios en una “cuestión de Estado”. Pero olvida que lo público no se construye con palabras grandilocuentes, sino con presupuestos, planificación, empleo digno y compromiso climático. Mientras esas prioridades sigan ausentes, la indignación no se sofocará con discursos ni comparecencias. Porque lo que está ardiendo, en realidad, es mucho más que monte.