En un despliegue de insensibilidad administrativa que roza lo inaudito, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha iniciado una campaña de cobros a familiares de fallecidos en residencias durante la devastadora pandemia de Covid-19 desatando una tormenta de indignación y repudio. Esta decisión, condenada por Más Madrid y el PSOE y desvelada ayer por la Cadena SER, pone de manifiesto una alarmante desconexión con el sufrimiento y las dificultades a las que se han enfrentado miles de familias madrileñas.
“Es como si el asesino de mi padre me pidiera el dinero de la bala”, sobre Ayuso y las muertes en las residencias
Más Madrid, con la portavoz Manuela Bergerot a la cabeza, ha lanzado una iniciativa en la Asamblea de Madrid pidiendo al Gobierno regional que cese en esta práctica que consideran de una "bancarrota moral". La formación insiste en que estas acciones, lejos de ser casuales, son el resultado de una deliberada indiferencia hacia el dolor ajeno, intentando cobrar deudas a las familias de aquellos que perdieron la vida en circunstancias trágicas, a menudo sin recibir la atención médica adecuada en sus últimos momentos.
La indignación se agrava con los testimonios de personas como Ángela Armingol y María de Álvaro, quienes han recibido comunicaciones exigiendo el pago de servicios que, en su percepción, no fueron prestados adecuadamente. Estas cartas no solo reabren heridas emocionales aún no cicatrizadas, sino que también ponen de manifiesto una insensible gestión de la crisis por parte de las autoridades madrileñas.
Las justificaciones de la Comunidad de Madrid
Las justificaciones ofrecidas por la Consejería de Asuntos Sociales, liderada por Ana Dávila, que argumentan la obligatoriedad de estos cobros basándose en la legislación estatal, no hacen sino avivar la percepción de una administración desconectada de la realidad social y emocional de sus ciudadanos. El hecho de que estas demandas de pago lleguen años después de la tragedia, cuando las familias apenas comienzan a recuperarse, es visto no solo como un despropósito administrativo sino como una cruel falta de empatía.
La cobertura mediática de la Cadena SER, resaltando casos similares en el pasado, refuerza la sensación de que estamos ante un patrón de comportamiento por parte del Gobierno de Ayuso, caracterizado por una rigidez burocrática que prevalece sobre la compasión y el sentido común. La situación ha generado una oleada de críticas no solo entre los afectados y la oposición política, sino también en la opinión pública, que se pregunta cómo es posible que se priorice la recuperación de supuestas deudas por encima de la dignidad humana y el respeto a la memoria de los fallecidos.
La mala gestión de Ayuso
La situación pone de manifiesto la necesidad de un replanteamiento profundo en la gestión de las consecuencias de la pandemia, especialmente en lo que respecta al trato a las familias que han sufrido pérdidas irreparables. Más Madrid, con el apoyo de otros sectores de la sociedad civil, reclama un acto de justicia y humanidad: que el Gobierno de Ayuso reconsidere su decisión y ponga fin a estos cobros, en un gesto de respeto hacia quienes han padecido de manera desproporcionada las consecuencias de una crisis sin precedentes.
En definitiva, este episodio destaca la importancia de que los gobiernos actúen con sensibilidad y empatía, especialmente en tiempos de crisis. La iniciativa de Más Madrid y la denuncia de la Cadena SER son llamados a la reflexión sobre los valores que deben guiar nuestras acciones y decisiones, especialmente cuando se trata de honrar la memoria de aquellos que hemos perdido.