Los hechos ya no son una sospecha ni una denuncia aislada. Son una trama. Son nombres, correos, favores, contratos, designaciones, beneficios. Son estructura. El despacho fundado por Cristóbal Montoro, Equipo Económico, operó durante años como una oficina de poder paralela, donde lo público se ponía al servicio de lo privado y donde los muros que deberían proteger el interés general eran papel de celofán. Esta vez no se trata de errores, sino de diseño. No se trata de excesos, sino de método.
Una arquitectura del privilegio
Los documentos, los correos, las grabaciones y los informes de los Mossos no dibujan una anécdota. Revelan un modo de entender el poder: utilizar la puerta de salida del ministerio como pasarela directa al negocio. Porque Montoro no fundó Equipo Económico como una consultora cualquiera. Lo fundó con un propósito evidente: transformar su paso por Hacienda en capital de influencia. Capital político, económico, administrativo. Capital humano.
A través de su despacho, y con la complicidad de altos cargos, se colocaron personas afines en puestos estratégicos, se sugirieron nombres, se promovieron ascensos, se garantizó acceso a organismos internacionales. Y, mientras tanto, Equipo Económico facturaba millones en asesoramientos a empresas beneficiadas por decisiones del Estado. Algunas, con contratos públicos. Otras, con reformas normativas diseñadas con precisión quirúrgica. El despacho no vendía servicios: vendía interlocución privilegiada con el poder.
Montoro, según la acusación del juez, no era una figura decorativa. Era el centro. No observaba: intervenía. No ignoraba: lideraba. Lo público y lo privado, como vasos comunicantes, confluyeron durante años en una misma estrategia: consolidar un modelo de poder donde el Estado ya no era el árbitro, sino la coartada.
La democracia como mercancía
Que un exministro use su experiencia y contactos para asesorar empresas no es nuevo. Lo que el caso Montoro revela es algo más grave: una captura del Estado desde dentro, una inversión del principio democrático. Los informes señalan que Equipo Económico no solo proponía nombres o recibía pagos millonarios: influía en normas. Es decir, redactaba leyes.
Y lo hacía en beneficio de quienes pagaban por ello. No para mejorar la política pública, sino para modularla al servicio de sus clientes. Se vendía conocimiento, sí. Pero se vendía también acceso, oportunidad, posicionamiento. Todo lo que debería estar vedado por el interés común se convertía en objeto de transacción.
En uno de los audios, un directivo del despacho admite sin rubor: “Hemos hecho favores. Claro que hemos hecho favores. Y muchos”. Favores que, como demuestra la investigación, no eran gestos, sino intercambios con valor económico. Una lógica de lobby sin reglas, amparada por el blindaje político y por un ecosistema institucional donde casi nadie pregunta, y menos aún responde.
Y sin embargo, impunidad
La historia no es nueva, pero su crudeza impresiona. No solo por lo que cuenta, sino por lo que retrata: una clase política convencida de que el poder no se ejerce, se administra; y una parte de la élite económica convencida de que las leyes están para ser escritas a medida. El resultado es un país más débil, donde la democracia no se rompe con golpes sino con contratos.
Montoro no ha pedido perdón. Lo más probable es que se ampare, como tantas veces, en tecnicismos. En la legalidad formal. En que “todo estaba en orden”. Pero lo que está en juego no es si se siguieron los procedimientos, sino si se traicionó el espíritu de la función pública. Y eso ,aunque no entre en los códigos penales, tiene consecuencias que duran más que cualquier condena: el descrédito de las instituciones, la desafección ciudadana, la normalización del cinismo como método de gobierno.