Este jueves 10 de julio, el Ministerio de Igualdad se reúne con Interior, las comunidades autónomas y la FEMP tras un repunte alarmante de asesinatos machistas. El objetivo: fortalecer la respuesta institucional y garantizar la seguridad de todas las mujeres.
Nueve asesinatos en junio activan el Comité de Crisis
El Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, ha convocado este jueves un Comité de Crisis urgente tras la confirmación de nueve asesinatos machistas en el mes de junio, varios de ellos ocurridos en apenas 48 horas. En lo que va de año, 22 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y tres menores han perdido la vida en contextos de violencia de género. Desde 2003, son ya 1.316 mujeres asesinadas, una cifra que evidencia la persistencia de esta forma extrema de violencia.
En la reunión participan representantes del Ministerio del Interior, las comunidades autónomas donde han tenido lugar los crímenes y la Federación Española de Municipios y Provincias. Se trata de un espacio de análisis y coordinación entre administraciones para mejorar los mecanismos de prevención, detección y protección.
La ministra Redondo ha subrayado que “la alarma es real”, recordando que el verano es una época especialmente crítica: el 30% de los asesinatos machistas ocurren en julio y agosto. Por eso, ha llamado a los entornos de las víctimas —familia, amistades, compañeros de trabajo— a estar alerta y recurrir al 016 ante cualquier sospecha. La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha destacado la importancia de reforzar el trabajo interministerial y autonómico para proteger a las mujeres en riesgo.
Más garantías para las mujeres más vulnerables
Además de la coordinación institucional, Igualdad trabaja para reforzar la protección de mujeres migrantes en situación administrativa irregular, muchas de las cuales no denuncian por miedo a ser expulsadas. La ministra ha solicitado una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para activar mecanismos que garanticen la seguridad jurídica de estas víctimas, asegurando que denunciar no implique riesgos añadidos.
En paralelo, se está intensificando la aplicación del Protocolo 0, que permite actuar ante sospechas fundadas de violencia de género incluso sin denuncia previa, y se sigue apostando por la mejora de la formación a profesionales en contacto con mujeres víctimas: policía, sanidad, justicia, servicios sociales y educación.
Desde el Ministerio de Igualdad se insiste en que la violencia machista no puede abordarse solo como una emergencia, sino como un problema estructural que requiere compromiso institucional, voluntad política y recursos públicos. La lucha contra esta violencia exige la implicación de todas las administraciones, pero también de toda la sociedad: proteger a las mujeres es una responsabilidad colectiva.