El reciente nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como "alumna ilustre" por la Universidad Complutense de Madrid desató una oleada de protestas y escraches. En respuesta a estas manifestaciones, y a los campamentos pro-Palestina, donde se ha denunciado al Gobierno genocida de Israel, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha impulsado una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades, que muchos consideran un intento de venganza contra los manifestantes que la criticaron. Esta ley incluye un régimen sancionador específico contra el vandalismo, las ocupaciones y los escraches en los campus universitarios, lo que ha llevado a comparaciones con una "ley mordaza" para las universidades madrileñas.
Nombramiento injusto de alumna ilustre
El pasado 24 de enero, Isabel Díaz Ayuso fue distinguida como "alumna ilustre" por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Este reconocimiento fue ampliamente criticado por parte de la comunidad educativa, que consideró el acto como un intento de politizar la universidad y un desprecio hacia otros alumnos con méritos académicos superiores. José Carrillo, rector honorario de la UCM, expresó su rechazo a este reconocimiento, señalando que nunca antes se había premiado a un político en activo, lo que ponía en entredicho la independencia de la universidad frente a los poderes políticos.
La nueva ley de enseñanzas superiores
En medio de estas polémicas, la Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades, con la que busca implementar un régimen sancionador contra los actos de vandalismo, ocupaciones y escraches en los campus. Enrique Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidad, explicó que la ley pretende mantener el orden y el decoro en la vida académica, garantizando al mismo tiempo la libertad de manifestación y la autonomía universitaria.
Viciana detalló que las sanciones tendrán una graduación de leve, grave y muy grave, y que podrían incluir multas pecuniarias. La ley también establecerá un distrito único de prácticas académicas para garantizar que todos los estudiantes, especialmente los de ramas sanitarias, tengan acceso a experiencias laborales que formen parte de su educación.
Autonomía universitaria y la libertad de expresión
La propuesta de esta ley ha generado una fuerte oposición. La sección de UGT en la Universidad Complutense y la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO han expresado su rechazo, denunciando la ley como un intento de reprimir la libertad de expresión y la protesta en los campus.
La introducción de un régimen sancionador en las universidades plantea serias preguntas sobre la autonomía universitaria y la libertad de expresión. Las universidades han sido históricamente espacios de debate libre y de crítica social y política. Limitar estas actividades puede tener un efecto paralizador en la comunidad académica, disuadiendo a estudiantes y profesores de expresar opiniones contrarias a las políticas gubernamentales.
La nueva ley también podría tener un impacto desproporcionado en ciertos grupos. Las personas LGTBI+, los migrantes y otros grupos minoritarios a menudo dependen de la capacidad de organizar protestas y manifestaciones para visibilizar sus luchas y defender sus derechos. Una legislación que sanciona estas actividades podría silenciar a estos grupos y dificultar aún más su lucha por la igualdad.
La sanciones una mordaza de Ayuso
Aunque el consejero Viciana sostiene que la ley busca mantener el decoro y el respeto a la legalidad en los campus, es importante considerar el contexto en el que se promulga esta legislación. Las recientes acampadas en la Universidad Complutense contra la guerra y el genocidio en Gaza son un ejemplo de cómo las manifestaciones pacíficas pueden ser percibidas como una amenaza por las autoridades. En este caso, la nueva ley podría ser utilizada para reprimir cualquier tipo de disidencia, más allá del vandalismo o la violencia.
La Comparación con la Ley Mordaza
Muchos han comparado esta nueva legislación con la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la "Ley Mordaza", que también fue criticada por limitar la libertad de expresión y de protesta. Si bien el gobierno de Ayuso asegura que la nueva ley busca equilibrar la libertad de manifestación con el orden público, las preocupaciones sobre su aplicación arbitraria y punitiva son legítimas.
A nivel internacional, la implementación de leyes restrictivas en el ámbito universitario ha sido vista con preocupación por organismos de derechos humanos y asociaciones académicas. La tendencia global hacia la criminalización de la protesta y la disidencia en las universidades puede erosionar la confianza en las instituciones democráticas y debilitar los movimientos sociales que son fundamentales para el progreso y la justicia social.
La nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid es un cambio en la regulación de las actividades universitarias. Aunque se presenta como una medida para mantener el orden y el decoro, es fundamental que se consideren sus implicaciones para la libertad académica y la capacidad de los estudiantes y profesores para organizarse y protestar. En una sociedad democrática, es crucial que las universidades sigan siendo espacios de debate libre y de crítica constructiva, y cualquier legislación que limite estas actividades debe ser cuidadosamente examinada y debatida en el ámbito educativo.