Los audios difundidos estos días no solo confirman gestiones opacas, también revelan un estilo corrosivo y sin límites éticos, muy lejos de lo que se espera de cualquier persona que haya ocupado un cargo de confianza en las instituciones.
Favores personales, no política pública
Los audios conocidos confirman que Koldo García actuaba como un intermediario que movía hilos para responder a peticiones concretas, sin procedimientos claros ni cauces institucionales. Se le escucha gestionar encuentros, indagar sobre adjudicaciones o poner en contacto a cargos locales con embajadas, siempre desde la discreción de los teléfonos y las conversaciones privadas.
Lejos de la política con mayúsculas, estas prácticas reflejan un estilo personal basado en el favor y la influencia, una dinámica que ha demostrado ser tan dañina para la credibilidad de las instituciones como ineficaz para los ciudadanos. No es la primera vez que las democracias europeas se enfrentan a personajes que confunden el servicio público con el tráfico de contactos.
La investigación apunta, en todo caso, a la actuación individual de Koldo, al margen de los órganos del Gobierno y del partido, y es ese comportamiento personal lo que ahora está bajo la lupa judicial.
El insulto como forma de expresión
Otro elemento llamativo de las grabaciones es el tono bronco y el desprecio hacia otros actores políticos, algo que habla más del personaje que del contexto. En una de las conversaciones más citadas, García insulta con dureza a Pablo Iglesias, evidenciando una forma de entender la confrontación política como un ejercicio de agresividad verbal.
Ese mismo tono se percibe en mensajes referidos a disputas internas, ajenos al interés general y marcados por un estilo de tensión permanente. La coarse language, la falta de respeto y el clima tóxico que reflejan los audios son la mejor explicación de cómo alguien puede quedar atrapado en su propia espiral de influencia y terminar fuera de la política.
Lo que revelan estos audios no es solo la caída personal de un asesor, sino la necesidad de cerrar definitivamente un modo de operar basado en atajos, favores y ataques personales. Las instituciones democráticas requieren transparencia, respeto y procedimientos claros.
El caso Koldo debería servir, por encima de todo, para reforzar los mecanismos de control y recordar que en democracia nadie está por encima de los límites éticos y legales, por muy influyente que se crea.