Desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta, las adjudicaciones a Eulen se convirtieron en costumbre. La Fundación Semana Verde, encargada de gestionar el recinto ferial de Silleda (Pontevedra), ha firmado al menos tres contratos con esta empresa entre 2009 y 2012 por un total de 771.300 euros. Todos ellos para servicios de seguridad, limpieza y vigilancia. Ninguna de las adjudicaciones recayó en la oferta más barata, pero Eulen se impuso gracias a valoraciones técnicas subjetivas que inclinaron la balanza a su favor.
El elemento que da otra dimensión a estas adjudicaciones es el parentesco: Micaela Núñez Feijóo, directora de Eulen en la zona noroeste, es la hermana del entonces presidente gallego. Un detalle nada menor cuando se observa que estos contratos no eran habituales antes de su llegada al poder.
Puertas abiertas al clientelismo
Las adjudicaciones se tramitaron como contratos menores, una figura legal pensada para casos puntuales y urgentes, pero que en Galicia se ha convertido en instrumento habitual para evitar la competencia pública. El caso de Eulen no es una excepción: entre 2018 y 2023 acumuló más de 4,8 millones de euros en contratos menores provenientes de organismos dependientes de la Xunta.
Esta práctica desvirtúa por completo la idea de concurrencia y transparencia en la contratación pública. Lejos de buscar la mejor oferta o el proveedor más cualificado, se emplea esta fórmula para adjudicar a dedo y cerrar el acceso a otras empresas, consolidando una red de intereses privados conectados al poder político.
El caso de la Fundación Semana Verde no puede entenderse como una anomalía. Forma parte de un modelo de gestión pública en Galicia donde los vínculos personales y familiares pesan más que los principios de legalidad o mérito. Un modelo que ha convertido a ciertas empresas, como Eulen, en receptoras privilegiadas de contratos a costa del erario público.
La oposición ha exigido explicaciones, auditorías y responsabilidades políticas ante lo que considera una red clientelar consolidada bajo los gobiernos del PP gallego. Pero más allá de las críticas, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la limpieza en la gestión de los fondos públicos.