Ni transparencia, ni control político, ni voluntad de rendir cuentas. La Xunta de Galicia ha adjudicado 272 contratos a dedo por casi 800.000 euros a una empresa vinculada al entorno directo del presidente Rueda. Y su respuesta no ha sido una investigación, ni una explicación: ha sido una apelación a la rutina, a la legalidad formal y a la ignorancia personal. Pero el caso Gallaecia —como antes el de Eulen, o el del hospital de Vigo— confirma lo que muchos ya sabían: el PP gallego gobierna desde una estructura clientelar blindada, difícil de fiscalizar y diseñada para repartirse lo público sin demasiadas preguntas.
Cuando lo “normal” es el privilegio, la Xunta como red de favores
Entre 2018 y 2024 la empresa Gallaecia Patentes y Marcas, propiedad de Joaquín Cuíña —hermano de Beatriz Cuíña, secretaria xeral da Presidencia y mano derecha de Alfonso Rueda— recibió un total de 272 contratos menores por un valor superior a 782.000 euros. Mientras tanto, el resto de empresas contratadas para el mismo servicio de gestión de marcas y patentes apenas alcanzaron, juntas, los 155.000 euros.
El presidente de la Xunta ha respondido con evasivas: que no sabe, que no decide, que los contratos dependen de cada consellería. Y ha insistido en que el uso de adjudicaciones directas es habitual, legal y está fiscalizado. Lo que no explica —porque no puede— es por qué esa habitualidad beneficia siempre a los mismos. Ni por qué, si todo es tan transparente, la plataforma de contratación de la Xunta hace casi imposible rastrear la información de forma sencilla, segmentada o descargable.
Rueda defiende la opacidad como si fuera neutralidad. Pero en realidad, lo que hace es naturalizar un sistema hecho a medida para operar sin competencia y sin supervisión real. Legalidad no es sinónimo de legitimidad. Y en Galicia, los contratos menores se han convertido en la autopista del clientelismo institucionalizado.
El modelo gallego del PP: continuidad, silencio y puertas cerradas
Rueda no rompe con nada: es heredero y garante de un modelo construido durante más de una década por Núñez Feijóo, que hoy aspira a gobernar España con los mismos métodos que aplicó en Galicia. Un modelo basado en el control total del poder autonómico, la neutralización de los contrapoderes y la conversión de la Xunta en una maquinaria de adjudicación directa para entornos próximos.
Por eso no sorprende que el PP gallego intente ahora condicionar la comisión de investigación impulsada por el BNG en el Parlamento de Galicia, creada para revisar escándalos como el sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro o los contratos con Eulen, la empresa donde trabaja la hermana del propio Feijóo, Micaela Núñez Feijóo.
Tampoco sorprende que Beatriz Cuíña no tenga previsto comparecer, ni que Rueda no tenga intención de facilitarlo. Porque el poder del PP gallego no se basa solo en mayorías parlamentarias, sino en una estructura de impunidad política que convierte en excepcionales las rendiciones de cuentas.
Rueda no responde porque no está acostumbrado a hacerlo. El PP de Galicia lleva más de 30 años gobernando como si el control institucional fuera un estorbo, no una obligación democrática. Y cuando aparece una grieta, se cierra filas, se recurre al discurso de la “normalidad” y se acusa a la oposición de “politizar” lo que es, en realidad, una gestión pública sometida al interés privado.
El clientelismo no es un desliz, es una forma de poder
El caso de Gallaecia no es un error ni una casualidad. Es el resultado lógico de una forma de gobernar que considera el poder como un patrimonio, no como un servicio público. Rueda no puede fingir sorpresa ante lo ocurrido, porque el problema no está en un contrato concreto, sino en el diseño completo del sistema de adjudicación y supervisión que su partido ha impulsado y consolidado.
Cuando el presidente de una comunidad autónoma responde a un caso de posible corrupción estructural con la frase “yo no sé con quién contrata cada uno”, no está mostrando honestidad: está legitimando la irresponsabilidad. Está asumiendo que la cadena de mando política se rompe cuando el rastro del dinero público apunta hacia los suyos.
Galicia no puede seguir normalizando este modelo. Porque detrás de cada contrato sin concurso, de cada nombre con conexiones familiares, de cada despacho privilegiado, hay una oportunidad perdida, un dinero público desviado, y una democracia debilitada.
El PP gallego no está atrapado en una polémica pasajera. Está atrapado en su propia red clientelar. Y si no hay voluntad de romperla desde dentro, solo la ciudadanía podrá hacerlo desde fuera, en las urnas.