La alianza entre el Partido Popular y Junts per Catalunya para suprimir el impuesto sobre la producción eléctrica ha desatado una tormenta política y mediática. Este acuerdo, calificado como un "éxito parlamentario" por Miguel Tellado, portavoz del PP, supone no solo un golpe directo al Gobierno de coalición, sino también una maniobra que cuestiona las posiciones históricas de ambas formaciones en temas fiscales y territoriales. ¿Qué hay detrás de este inesperado pacto y cuáles son sus implicaciones?
El impuesto que divide el tablero político
El impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE), instaurado en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se había convertido en un instrumento clave para reducir el déficit tarifario del sistema eléctrico español. Con una tasa del 7%, este gravamen aporta entre 1.000 y 1.500 millones de euros anuales a las arcas públicas. Sin embargo, su diseño ha sido objeto de críticas por trasladar su impacto al consumidor final, encareciendo las facturas de la luz.
El pacto alcanzado por PP y Junts busca reducir este impuesto al tipo cero, condicionándolo a que no exista déficit tarifario. Según cálculos populares, la medida supondría un ahorro anual de 400 millones para las familias, 500 millones para las pequeñas y medianas empresas, y 200 millones para la gran industria. No obstante, este alivio fiscal para unos representa un agujero económico para el Estado, lo que ha llevado al PSOE a cifrar las pérdidas en 1.500 millones de euros, frente a los 1.100 millones estimados por el PP.
¿Un cambio de estrategia o una contradicción flagrante?
El acuerdo ha generado una paradoja política evidente. Por un lado, el PP se posiciona como defensor de la unidad de España, denunciando con vehemencia cualquier acercamiento del Gobierno con los partidos independentistas. Por otro, no ha dudado en tender la mano a Junts para sacar adelante una medida que desgasta al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Carles Puigdemont, líder de Junts, no ha desaprovechado la oportunidad para lanzar un nuevo desafío al Gobierno, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de investidura y dejando en el aire la posibilidad de apoyar una moción de confianza. Mientras tanto, el PP ha tratado de minimizar las implicaciones políticas del pacto, asegurando que se limita a una cuestión concreta de política fiscal. "Sánchez no es de fiar. Si Junts lo entiende ahora, bienvenidos a este lado del muro", declaró Tellado, evitando pronunciarse sobre un posible apoyo a la moción de confianza impulsada por los independentistas.
El PSOE y Sumar, en modo resistencia
La reacción del Gobierno y sus aliados no se ha hecho esperar. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha tildado el acuerdo de irresponsable, al señalar que supone "ingresar menos para gastar más". Además, ha adelantado que su grupo buscará revertir la enmienda durante el trámite parlamentario. Por su parte, la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, ha destacado que el pacto está aún en una fase inicial, y ha evitado aclarar si el Ejecutivo vetará la medida en su avance legislativo.
Desde Sumar, Yolanda Díaz ha acusado al PP de "hipocresía flagrante" al colaborar con Junts mientras fustiga al Gobierno por su diálogo con los independentistas. En esta línea, miembros de Unidas Podemos han señalado que este pacto desnuda la falta de coherencia de un partido que intenta presentarse como alternativa de gobierno.
Impacto económico y político
El acuerdo PP-Junts no solo plantea un reto fiscal para el Ejecutivo, sino que también pone en evidencia la fragilidad de las alianzas parlamentarias en un contexto de minoría. La aprobación de esta enmienda, que además contó con el respaldo de ERC, PNV y Vox, subraya la complejidad de legislar en un Congreso profundamente dividido.
El impacto económico de la medida también está en el centro del debate. Mientras el PP la presenta como un alivio necesario para hogares y empresas, el PSOE advierte del riesgo de descapitalizar al Estado en un momento en que los desafíos económicos exigen más inversión pública. Además, expertos fiscales alertan de que esta decisión podría sentar un precedente peligroso, alentando la derogación de otros impuestos que afectan al sector energético.
Feijóo y Tellado: entre la táctica y la incoherencia
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado capitalizar el acuerdo como una muestra de su capacidad para articular mayorías alternativas al Gobierno de Sánchez. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. La colaboración con Junts contradice el discurso del PP sobre la supuesta "sumisión" del Ejecutivo a los independentistas y pone en entredicho su posición como defensor de la unidad de España.
Por su parte, Miguel Tellado ha adoptado un tono desafiante, celebrando el pacto como una victoria parlamentaria que deja en evidencia la debilidad del Gobierno. Sin embargo, sus declaraciones han sido interpretadas por algunos analistas como un intento de desviar la atención de las contradicciones internas que genera este acuerdo en las filas populares.
Un órdago al Gobierno de coalición
El acuerdo entre el PP y Junts representa un doble desafío para el Ejecutivo. Por un lado, erosiona su capacidad de maniobra en el Congreso, evidenciando la dificultad de mantener una mayoría estable. Por otro, pone en jaque su narrativa sobre el diálogo con los independentistas, al mostrar que no solo el PSOE y Sumar buscan acuerdos con estos partidos.
Mientras el Gobierno intenta contener el impacto político y económico de este pacto, el PP y Junts han demostrado que están dispuestos a explorar alianzas tácticas para debilitar al Ejecutivo. Sin embargo, este acercamiento plantea preguntas incómodas sobre la coherencia de ambas formaciones y sus verdaderas prioridades políticas.
El tablero político español se recalienta, y este movimiento podría ser solo el principio de una escalada de tensiones en un Congreso cada vez más fragmentado. La gran incógnita es si este acuerdo puntual abrirá la puerta a nuevas alianzas o si se quedará como una estrategia aislada para asestar un golpe al Gobierno de Pedro Sánchez. En cualquier caso, la hipocresía de las partes implicadas no ha pasado desapercibida.