Durante más de una década, Chus vivió en una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), creyendo que ese sería su hogar para siempre. Su contrato, firmado con el Ayuntamiento de Madrid, garantizaba un alquiler social. Pero en 2013 todo cambió. El gobierno municipal del PP, encabezado por Ana Botella, vendió su vivienda y otras 1.860 más a fondos buitre. Nadie les avisó. Nadie les consultó.
Chus lo dice sin rodeos: “Nos vendieron. El Ayuntamiento, que debía protegernos, fue quien nos traicionó”.
Vaciaron las casas, luego las vendieron
En Carabanchel, barrio obrero y humilde, la operación dejó un reguero de dudas. Chus y otros vecinos descubrieron que la mitad de los pisos en sus edificios nunca se llegaron a ocupar. “Había lista de espera. Gente desesperada por un techo. Pero no, dejaron vacías las casas. Luego entendimos por qué: estaban preparándolo todo para la venta”, explica.
La operación se hizo sin concurso público y con informes de auditoras vinculadas a las mismas empresas adjudicatarias. “¿Eso es legal? Tal vez. ¿Es ético? De ninguna manera”, denuncia su abogado.
Desahucios a cámara lenta
La estrategia de los fondos fue clara: contratos de corta duración, subidas de alquiler imposibles, y presión para desalojar. “Nos decían que no había problema, pero querían echarnos. Lo único que querían era especular”, afirma Chus.
Lo más duro fue ver cómo desahuciaban a familias enfermas, ancianos y madres con niños. “Era como vivir en una película de terror. Las furgonetas llegaban a las cinco de la mañana. Nos trataban como criminales”. Y, sin embargo, seguían pagando el alquiler, nunca dejaron de hacerlo.
La venta de viviendas sociales en Madrid no fue una decisión económica, fue ideológica. “El PP creyó que lo público era un estorbo. Prefirieron convertir derechos en negocio”, asegura Chus. Y en ese negocio, las personas eran números, obstáculos.
“Yo trabajaba en sanidad, vivía tranquila. Solo pedía un techo. ¿Era tanto?”, se pregunta. La respuesta del Ayuntamiento fue clara: sí, lo era. Porque cuando llegaron los fondos, llegaron también las amenazas, el miedo, el abandono institucional.
Un ejemplo de lo que no debe repetirse
A lo largo de estos años, los afectados han sufrido también el desprecio social. En redes, a Chus la insultan cada vez que cuenta su historia. “Me han llamado de todo. Roja, vividora, que me echen a patadas. Gente que no sabe nada, que repite lo que escucha sin pensar”.
Pero el movimiento de afectados ha resistido. Han llevado sus casos a los tribunales, han protestado, han luchado por el derecho a la vivienda. Y han demostrado que, frente al abandono, la dignidad también se organiza.
Lo ocurrido en Madrid es un aviso para todo el país. Cuando las instituciones dejan de proteger lo público, los derechos desaparecen. Cuando los fondos compran hogares, no compran ladrillos: compran vidas.
Chus lo dice con dolor, pero con fuerza: “Nos estafaron. Pero seguimos aquí. Porque un país sin vivienda pública no es un país, es un mercado”.