Se ha pasado por alto la renovación de un importante organismo. La Junta Electoral Central, el órgano de vigilancia permanente de los procesos electorales en este país, lleva casi ocho meses caducado porque el PP tiene bloqueadas las designaciones que corresponden a la mesa del Congreso de los Diputados.
Según el presidente en funciones de la JEC, el magistrado Miguel Colmenero, esta semana se podría haber llegado a efectuar la renovación formalmente, pero, al final, debido a la división interna en Génova, el portavoz del grupo popular, Miguel Tellado, en contra del criterio de la secretaria general, Cuca Gamarra, que había llegado a un acuerdo con el ministro Félix Bolaños, lo ha frustrado “porque es ventajoso para el PSOE”.
La JEC debería haberse renovado, según la legislación vigente, a los noventa días de la sesión constitutiva del Congreso, es decir en noviembre de 2023. Ahora bien, en este caso la ley es favorable a la permanencia de los miembros hasta que se produzca la renovación sin ninguna limitación. De hecho, el organismo sigue trabajando con normalidad y ha multado, en los últimos días, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por unas declaraciones en un acto oficial durante la campaña electoral, y a la portavoz, Pilar Alegría, por manifestaciones efectuadas en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La composición de la Junta electoral Central es un tanto peculiar. Consta de 13 miembros. Ocho de ellos son designados de entre los jueces del Tribunal Supremo mediante una especie de sorteo. El alto tribunal ya ha hecho su tarea y ha enviado los nombres de las personas que van a sustituir a los vocales caducados.
En ese sentido nada que objetar. Los cinco miembros restantes deben elegirse, entre expertos en derecho y sociología, por la mesa del Congreso de los Diputados y ahí es donde reside el problema. Hasta ahora, los dos grupos mayoritarios se habían puesto de acuerdo. En la anterior legislatura, el PSOE designó a tres vocales y el PP dos atendiendo a la composición de la mesa de la cámara baja. Todo ello teniendo en cuenta el juego de mayoría de diputados. Con los resultados en la mano de los comicios de julio del año pasado, el acuerdo al que llegaron Gamarra y Bolaños consistió en dos vocales para cada uno de los grupos, PP y PSOE, teniendo en cuenta que el primero tiene el mayor número de escaños, y el quinto para Sumar.
El problema es que Vox exige un miembro, y Tellado cree que, si se materializa el pacto, la formación de Abascal la recurrirá. Además, el portavoz del grupo parlamentario no cree “equitativo” que el PSOE proponga dos nombres con inferioridad de escaños. Y como Miguel Tellado manda mucho en Génova, en la práctica es el numero dos, Gamarra, bastante molesta según dicen en fuentes del Partido Popular, ha tenido que volver a sentarse con Bolaños con una contrapropuesta consistente en dos designaciones para PP, una del PSOE, una de Sumar y otra de Vox. Mientras tanto mantienen el bloqueo de los nombramientos y, por lo tanto, aunque El TS ya ha designado a los vocales que le corresponde, la Junta Electoral Central deberá seguir actuando en funciones.
Aunque es en el Supremo donde se lleva a cabo el sorteo entre sus miembros, formalmente los tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces esta vez cumplió con su tarea y dio a conocer los nombres de los elegidos: Carmen Lamela, Miguel Hernández y Javier Magro, de la sala de Lo Penal, Isabel Perelló y Ángel Arozamena de la sala de Lo Contencioso Administrativo, Concepción Rosario y Ramón Arozamena de la sala de Lo Civil, Antonio Blasco y Concepción Ureste, de la sala de Lo Social, y el actual presidente del tribunal, en funciones, Fernando Marín Castán, por la sala de Lo Militar. Todos ellos, en el momento en el que se pongan de acuerdo en el Congreso, tomarán posesión y se da por segura la elección de Isabel Perelló para la presidencia por ser la magistrada de mayor edad.
En este caso no sucede como con el Consejo General del Poder Judicial cuya permanencia durante cinco años y medio era inconstitucional. Aquí la ley sí contempla la posibilidad de mantener en funciones a los miembros de la JEC con todas las competencias que se les otorga, luego se puede decir que no hay anomalía. Además, la JEC suele multiplicar su trabajo durante los procesos electorales y, en estos momentos, no hay previstas elecciones en este país salvo que en Catalunya el Parlament no llegue a un acuerdo y haya que repetir los comicios autonómicos.
El problema vuelve a ser el PP. Y si el acuerdo de renovación del CGPJ no se llevó a cabo antes por culpa de las presiones de los halcones de Génova, en esta ocasión vuelve a suceder algo parecido. Sólo que, ahora, la secretaria general, Cuca Gamarra, no oculta su malestar por lo que ella considera “interferencias” de Miguel Tellado en el ámbito de sus competencias. En el sector duro se argumenta que Vox podría impugnar ese reparto con el argumento de su representación en la cámara baja.
Gamarra y Tellado mantienen malas relaciones desde hace meses por el comportamiento invasivo del portavoz parlamentario en las tareas de la secretaria general. El último episodio de esas intromisiones se produjo cuando Tellado acudió a Valladolid a clausurar la reunión de la Junta Directiva del PP de esa provincia, una labor que normalmente corresponde a la Secretaría General o alguien de su equipo. Algunas tareas semejantes propias de partido han sido encomendadas por Tellado a portavoces adjuntos de su confianza del Congreso. Hasta tal punto han llegado las cosas que se dice que, en la noche de las elecciones europeas, a Feijóo le llegaron informes y análisis de los equipos de Gamarra y Tellado por separado.
Y tal circunstancia es la que está generando problemas a la hora de renovar las instituciones. La Junta Electoral Central es una de ellas, pero no la única. Han surgido problemas a la hora de proponer un nuevo gobernador del Banco de España y se avecinan más dificultades porque hay que renovar parcialmente organismos supervisores como son la CNMV y la CNMC con la vista puesta, también, en el Tribunal de Cuentas.