La derecha judicial tiene un nuevo objetivo: la titular del juzgado número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, para apartarla de la instrucción que lleva a cabo por la catástrofe de la dana que costó la vida a 228 personas. Ha puesto sus recursos a trabajar con la queja presentada en el Consejo General del Poder Judicial por dos investigados, la exconsejera de interior, Salomé Pradas, y el exsecretario de Emergencias, Emilio Argüeso, ante el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, el cual ha ordenado la apertura del oportuno expediente. Ahora deberá ser la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces la que tiene que decidir si da el visto bueno a esa apertura. Pero la cosa no ha acabado ahí. El seudosindicato ultra Manos Limpias ha interpuesto una querella contra la magistrada por prevaricación y usurpación de atribuciones: "irregularidades clarísimas y manifiestas en la instrucción”. Por lo tanto, se han abierto dos vías para intentar neutralizar la investigación que lleva a cabo la jueza quien, en un momento determinado de las diligencias, desestimó un informe de la UCO de la Guardia Civil por considerar que nada tenía que ver con lo que había pedido a la unidad. En su queja al CGPJ, Pradas y Argüeso muestran su asombro “porque la instrucción de un proceso penal está para recopilar cuantas informaciones pertinentes y relevantes ayuden a esclarecer los hechos y sus posibles responsables. Pero que quien instruya asuma el papel de una parte, aplaudiendo o censurando un concreto informe pericial, máxime tratándose de un Informe oficial, dado que su autor es la policía judicial, es algo inconcebible y que no hemos visto en nuestra vida profesional". De esa manera empieza la cacería contra la jueza.
Cuando fue cesada, Salomé Pradas volvió a ejercer la abogacía y la docencia. A pesar de todo lo ocurrido no ha abandonado el Partido Popular. Y, dentro del bufete al que ha retornado, ha recuperado el llamado caso Azud, una presunta financiación ilegal del PSOE en la comunidad valenciana en la que también se encuentran implicados compañeros de su propio partido, entre otros Alfonso Grau, el que fuera mano derecha de Rita Barberá en el ayuntamiento de la capital valenciana. Precisamente han sido integrantes del entorno de Grau los que han convencido a Pradas para que mejor se centre en defenderse en el sumario de Catarroja para lo cual han puesto todos los medios a su alcance con el fin de anular la instrucción de la jueza. Por su parte, Argüeso, que fue expulsado de Ciudadanos por transfuguismo, dice haber pedido el reingreso en la policía local de Archena. Mantiene muy buenas relaciones con la Guardia Civil, cuerpo en el que prestó sus servicios, y aparentemente está apartado de la actividad política. A pesar de ello decidió sumarse a la acción de su compañera.
Expertos juristas creen que las denuncias de Pradas y Argüeso en el CGPJ y la querella de Manos Limpias no tienen recorrido porque no hay ninguna infracción disciplinaria a la vista. Está claro, y así lo dejan por escrito, que no les gusta la instrucción. Ricardo Conde se ha manifestado en innumerables ocasiones que este tipo de quejas tiene lugar en el campo de la jurisdicción. Lo que pasa es que, en esta ocasión, está en juego la “mano invisible” del Partido Popular que quiere politizar el asunto hasta el punto de lograr la separación de la jueza. En Génova no las tienen todas consigo de que la magistrada no acabe por imputar a Carlos Mazón al que han decidido defender por encima de todo. De ahí su interés en lograr la anulación de la actuación que lleva a cabo Ruiz Tobarra. En los despachos de la sede central popular se han fijado en Conde, al que consideran un “aliado”.
Aquí mismo ya hemos avisado de la trayectoria de Conde. Nombrado por el que fue presidente del CGPJ bajo el mandato de Mariano Rajoy, Carlos Lesmes, se le vincula al PP y más concretamente con el que fue ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Durante su mandato fue director general de relaciones con la Administración de Justicia, pero, con anterioridad, había sido asesor de su íntimo amigo Lesmes, cuando ocupó un alto cargo en el gobierno de José María Aznar.
Su adscripción ideológica no solo se explica por los cargos políticos ocupados, sino también por su militancia asociativa. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial reconocida por su perfil conservador. La propia APM celebró su nombramiento en 2017 como un logro para la organización, subrayando que “uno de los nuestros” pasaba a ser la autoridad disciplinaria sobre todos los jueces de España. Se le considera integrante del núcleo duro de la judicatura, aunque en la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia le califican de persona “meticulosa” y “capaz de manejar situaciones delicadas”
Ricardo Conde se negó a abrir expediente al juez de la Audiencia Provincial de Navarra que emitió un voto particular pidiendo la absolución de los integrantes de La Manada, también archivó varias demandas interpuestas siempre contra magistrados afines al Partido Popular, como es el caso de Eloy Velasco quien llamó “cajera”, de manera despectiva, a la eurodiputada Irene Montero, y al juez mercantil número 17 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, quien escribió una serie de improperios en las redes sociales contra Pedro Sánchez al que llegó a calificar de “psicópata narcisista”. Y, por supuesto, salvó a la asociación a la que pertenece, la APM, denunciada por haber promovido varias protestas callejeras, con jueces vestidos con su toga, contra la ley de amnistía.
En los ambientes jurídicos hay quien está convencido de que Ricardo Conde se va a emplear a fondo para encontrar argumentos suficientes que le lleven a proponer una sanción a la jueza Ruiz Tobarra a quien, en la derecha judicial y política, consideran afín a los socialistas. Su marido es el titular del juzgado número 5 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, y la ultraderecha le acusa de estar interfiriendo en la investigación.
Si tal extremo llega a confirmarse, Nuria Ruiz Tobarra se encontraría en una delicada situación. No sólo puede llegar a ser procesada por prevaricación sino sancionada por sus superiores. La sanción puede oscilar entre los 6.000 euros hasta el traslado o la inhabilitación, lo que quieren en Génova.