Sí habrá Presupuestos. Con un mensaje claro, directo y firme, María Jesús Montero ha confirmado que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. En un momento de incertidumbre parlamentaria, de ruido político y de oposición destructiva, el anuncio no es solo una declaración de intenciones: es una toma de posición frente a dos modelos de país.
Desde Rota, Cádiz, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda defendió que las futuras cuentas públicas reflejarán las prioridades sociales del Gobierno: dependencia, sanidad, educación, becas, vivienda e igualdad. Unos presupuestos pensados para la mayoría social, no para las élites.
Y frente a eso, señaló sin ambages al Partido Popular. “El PP sigue legislando para los de siempre: para los privilegiados, las élites económicas y los intereses de una minoría con poder”, afirmó Montero. No es una acusación nueva, pero sí especialmente relevante en un momento en que la derecha utiliza el bloqueo institucional como táctica permanente.
Presupuestos como herramienta de igualdad
Montero no solo reafirmó la voluntad del Gobierno de llevar los presupuestos a las Cortes, sino que también reivindicó el poder transformador del gasto público. Frente al mantra neoliberal de “reducir el Estado”, el Gobierno apuesta por lo contrario: un Estado presente, redistributivo y garante de derechos.
Desde las becas que permiten que miles de estudiantes no abandonen sus estudios, hasta el sistema de atención a la dependencia que protege a las personas más vulnerables, pasando por la inversión en sanidad pública y en la lucha contra los incendios, cada partida presupuestaria es, como recordó la ministra, un escudo social que protege a quienes más lo necesitan.
En contraste, las políticas fiscales del PP —cuando gobierna o cuando impone su agenda a través del veto— responden a una lógica de beneficio privado, de recorte de derechos y de desprecio al Estado del bienestar. Allí donde gobierna, el PP congela partidas esenciales, externaliza servicios públicos y rebaja impuestos a quienes más tienen, debilitando los recursos comunes de toda la ciudadanía.
Una oposición sin propuestas y con la calculadora en la mano
Montero no rehuyó el contexto de dificultad parlamentaria, marcado por la prórroga de los Presupuestos actuales y las tensiones políticas. Pero dejó claro que el Ejecutivo sigue gobernando y mejorando partidas sociales incluso sin nuevos Presupuestos aprobados. Porque gobernar —recordó— es gestionar, y sobre todo, cumplir con la ciudadanía.
En cambio, el Partido Popular sigue aferrado a una oposición de bloqueo, cálculo electoral y discursos vacíos. Incapaz de presentar una alternativa real, su proyecto se limita a decir “no” a todo lo que suponga avanzar en justicia fiscal, derechos sociales o inversión pública.
No quieren presupuestos porque no creen en lo público. No quieren negociación porque no creen en la diversidad del país. Y no quieren acuerdos porque están demasiado ocupados en desgastar, aunque eso implique poner en riesgo el bienestar de millones de personas.
Los presupuestos que se presentarán para 2026 no son solo una obligación legal o un trámite político. Son una declaración de principios. La garantía de que, pese al ruido y al obstruccionismo, hay un Gobierno dispuesto a gobernar con sentido social, con justicia fiscal y con vocación de país.
Y frente a eso, una derecha que aún no ha entendido que gobernar no es proteger a los de arriba, sino asegurar dignidad a los de abajo.