El líder del seudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, anunció que esta semana próxima el juez del Supremo, Ángel Hurtado, dictará el auto de procesamiento contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscala jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos. Y se lo dijo a un canal de televisión de extrema derecha calificando de “exclusiva” la noticia. Una exclusiva que no lo es ya que el magistrado Hurtado se encuentra en la última fase de la instrucción.
Ahora bien, es relevante lo que dice Bernard porque sale de una de las partes personadas en la causa como acusación popular. Durante todo el proceso se ha filtrado el resultado de numerosas actuaciones sin que Hurtado haya hecho nada salvo advertir a las partes de la obligación de guardar secreto del sumario. Y mucho nos tememos que Bernard y las otras partes acusatorias se guardan importantes datos obtenidos por la Guardia Civil al intervenir los soportes digitales de Rodríguez y García Ortiz fuera del plazo establecido por el juez. Los investigadores no hicieron caso, y ampliaron la transcripción y el análisis de las conversaciones a un plazo mucho mayor al autorizado. Y lo peor no fue eso. Durante un tiempo, estas conversaciones fueron incorporadas al sumario. Y el fiscal general del Estado ya advirtió que algunas de ellas pueden afectar a la seguridad del Estado. Y todo ello en manos de un ultraderechista como es Miguel Bernard que, recordemos, se libró de la cárcel en el caso Ausbanc gracias a la sentencia del Tribunal Supremo y que, una vez libre de toda responsabilidad, se ha dedicado a inundar los tribunales de denuncias y querellas contra Pedro Sánchez, el PSOE y la izquierda en general.
Todavía más sintomática es la condición del letrado que representa legalmente a Manos Limpias en esta causa. Víctor Soriano ejerce de asesor de la vicepresidenta primera del Senado, Eva Ortiz, del Partido Popular. Esta relación tuvo una importante repercusión al trascender hace unos meses y se pidieron explicaciones a los populares quienes no han respondido. Y eso hace sospechar de la existencia de una presunta conexión entre el PP y la acusación popular en este caso. No debemos olvidar que García Ortiz es considerado el “enemigo número uno” no sólo en el seno de la carrera fiscal sino también por las derechas judicial y política. Le acusan de corrupto, pero si se tiene en cuenta que se le va a procesar por un delito de revelación de secretos, su responsabilidad penal queda fuera del ámbito de la corrupción tal y como la entiende la ciudadanía. Nadie puede acusarle de irregularidades económicas.
La denuncia inicial no procede de las asociaciones ultras personadas en la causa, Hazte Oír y Manos Limpias, sino del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Al proceso, además, se han ido uniendo otras partes que nada tienen que ver con el delito que se investiga, como es la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales que apenas cuenta con 50 afiliados, aunque su presidente, Salvador Viada, logró 552 votos en las elecciones al Consejo Fiscal obteniendo una vocalía en el organismo consultivo. La agresividad de este fiscal del Supremo contra su superior le ha llevado a pedir su dimisión. Nadie sabe las razones exactas de esta beligerancia salvo las que el manifiesta oficialmente: a favor de la despolitización de la carrera y en contra de los nombramientos discrecionales. Viada cometió una manifiesta irregularidad durante el proceso judicial al declarar que, durante el registro que la Guardia Civil llevó a cabo en la sede de la FGE en la madrileña calle Fortuny, pudo ver a García Ortiz y a su número dos, Ángeles Sánchez-Conde, “manipulando unos teléfonos móviles”. Algo debió de pasar cuando de este asunto no se ha vuelto a hablar. Ni siquiera el juez Hurtado lo menciona en sus autos.
Que el final de esta instrucción iba a ser el procesamiento de García Ortiz estaba cantado, y sobre todo conociendo la personalidad del magistrado encargado de la instrucción. Cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado se opuso contundentemente al procesamiento del Partido Popular en el caso Gürtel a pesar de que una reforma del Código Penal de Mariano Rajoy estableció la responsabilidad para las personas jurídicas. El PP acabó por ser condenado, una condena pendiente de ratificación por el Supremo que, curiosamente sigue retrasándose, nadie sabe por qué.
El juez ha tomado declaración en calidad de testigo a González Amador porque así se lo han ordenado sus superiores de la sala de Apelaciones, pero se había opuesto a esta comparecencia. No parece que su testimonio vaya a repercutir en las resoluciones que ya tiene tomadas sobre los procesamientos. Tampoco parece que vaya a prosperar la petición de García Ortiz en el sentido de tomar declaración a los periodistas que han firmado un documento notarial en el cual declaran que tuvieron conocimiento del famoso correo entre el fiscal, Julián Salto, y el abogado de González Amador, Carlos Neira, objeto de la investigación, unos días antes de la fecha en la que se produjo la filtración.
Lo más que puede ocurrir es que estas últimas diligencias sean recurridas por las partes lo que retrasaría la “exclusiva” de Miguel Bernard quien, manipulando torticeramente el proceso penal que él, como abogado, conoce a la perfección señala que García Ortiz “está a un paso de sentarse en el banquillo”. Bernard sabe que un auto de procesamiento que es lo que dictará el juez una vez se hayan resuelto los recursos no implica, todavía, el señalamiento de esa vista oral que, de todas maneras, todos estamos deseando para que, de una vez por todas, se acabe con un asunto judicial que nunca debió comenzar pero que, gracias a los “buenos oficios” de un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un instructor de cuya objetividad se duda, terminará en un juicio que servirá al PP para seguir hablando de la corrupción que rodea al gobernó progresista, a pesar de que al fiscal general del Estado sólo se le atribuye una filtración penalizada como delito de revelación de secretos con un máximo de 4 años y que, en la práctica, se está sancionando con uno de cárcel.