La Fiscalía de Cartagena ha abierto diligencias por posibles delitos de odio tras los disturbios racistas en Torre Pacheco. En principio, la investigación va dirigida contra el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, por sus declaraciones poco antes de que se organizara una “cacería al migrante”. Sin embargo, la Fiscalía de Delitos de Odio está analizando mensaje a mensaje los discursos de Santiago Abascal de esos días para determinar si contribuyó también al estallido de violencia.
Es hora de plantearse si la investigación servirá para algo o una vez más tan solo logrará el efecto contrario al que busca: fortalecer a Vox y convertir al dirigente ultraderechista en un mártir o héroe de la patria de cara a sus votantes y acólitos. Si la Justicia hace caer todo el peso de la ley sobre Abascal (cosa poco probable con unos jueces entregados al conservadurismo), la medida podría ser un serio varapalo para el proyecto voxista. Sin embargo, si el líder ultra sale airoso o absuelto, su figura se vería fortalecida, engrandecida. Un efecto bumerán poco deseable. De ahí que no pocos juristas adviertan de que se debe ir con pies de plomo y con la máxima prudencia a la hora de procesar a líderes políticos radicales. También la República de Weimar encarceló a Hitler en los años veinte del pasado siglo y aquello no sirvió para frenar el auge del nazismo. Al contrario, fue una especie de revulsivo y cada vez más alemanes vieron al futuro tirano como un hombre acosado y perseguido injustamente por el sistema. Esa es la lógica diabólica del fascismo: cuanta más victimización, más votos. Lo estamos viendo en la actualidad con Donald Trump. Al magnate neyorquino lo sentaron en el banquillo de los acusados por diversos delitos y ha seguido ganando en las urnas. Esa es la lección que no terminamos de entender los demócratas. Procesar al cabecilla del movimiento fanático/populista es contraproducente, no hace más que alimentar su leyenda personal ante sus correligionarios; es preciso ir a la raíz del problema y ello pasa necesariamente por la ilegalización de todo movimiento fascista que aspire a destruir la democracia desde dentro. Seguirá habiendo trumpistas, claro que sí, pero al menos estarán en la abstención y fuera de juego.
La democracia tiene que reaccionar ante movimientos que amenazan su propia supervivencia, eso es evidente, pero o se hace con contundencia, ilegalizando por completo al partido que articula las ideas racistas, o el golpe será en vano hasta quedar en nada. En España existe la ley de partidos, que podría aplicarse a Vox al igual que en su día se aplicó a un partido como Batasuna que apoyaba la violencia. Pero no valen sanciones testimoniales, simples multas que nunca se pagan o tibias reprimendas que dejen viva a la serpiente para que pueda seguir reproduciéndose. La reacción del Estado de derecho tiene que ser dura y definitiva o Vox seguirá desarrollando su plan xenófobo por otros medios. Y todo pasa por evitar que el partido trumpista español se presente a unas elecciones generales por no cumplir con unos mínimos estándares de calidad democrática. Ninguna fuerza política racista, machista, negacionista y antisistema debería participar en el juego democrático. No vienen a construir, vienen a destruir; no están aquí para reforzar la convivencia pacífica, sino para sembrar la semilla de la discordia y la guerra de todos contra todos. Son un veneno.
Cabe recordar que semanas atrás la plataforma cívica Acción Contra el Odio denunció al líder de Vox ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por un delito de incitación al odio, al vincular inmigración y delincuencia con el objetivo de promover la deportación masiva de migrantes que residen en España, informa Efe.
La asociación expuso en su denuncia el carácter recurrente de estos mensajes de odio a través de redes sociales y medios de comunicación, en los que Abascal asocia la inmigración con la criminalidad como una estrategia “para atizar la hostilidad contra el colectivo”, según informó la plataforma en un comunicado.
El escrito, presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de Abascal como diputado en el Congreso, recogía, entre otros hechos, las declaraciones realizadas a los medios de comunicación. En ellas, el líder de Vox afirmaba que la inmigración masiva “destruye nuestra sociedad y nuestra economía” y “hace que los trabajadores españoles tengan que mantener con sus impuestos a los violadores de sus hijas y los políticos que les traen”.
Un discurso que desde la asociación denunciante ven “abiertamente racista y xenófobo” orientado a “generar entre la población un sentimiento de inseguridad” y alimentar el miedo hacia este colectivo. En la denuncia, la asociación ha aportado documentación de distintos episodios que demuestran que este tipo de mensajes no responden a un hecho aislado o puntual, sino a una estrategia de discurso de odio con el objetivo de “estigmatizar y generar un ambiente hostil” sobre un grupo de población vulnerable.
Un modus operandi que aprovecha los prejuicios históricos contra la población musulmana y africana en España y las circunstancias actuales de inmigración desde el norte de África para llevar a cabo una “deshumanización” que “degrada gravemente” al colectivo e incita a su expulsión.
Mientras tanto, en Vox guardan silencio sobre la investigación abierta por Fiscalía por delitos de odio. Y no extraña. El plan sigue el guion previsto.