Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a enredarse en sus propias palabras. Si el pasado jueves aseguraba que aplicaría el reparto de menores migrantes no acompañados acordado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, apenas una semana después su Ejecutivo ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra ese mismo plan. Una maniobra que, según el PSOE-M, evidencia no solo su falta de palabra, sino una deriva política cada vez más peligrosa.
“¿En qué quedamos? ¿Lo aplica en días pares y lo recurre en impares?”, ironizaba el PSOE madrileño en sus redes sociales. Para los socialistas, el movimiento de Ayuso no solo desautoriza su propia firma, sino que “roza lo xenófobo” por el doble rasero que aplica a los menores migrantes: cuando llegaron de Ucrania, no hubo debate sobre dinero ni recursos; ahora, sí.
¿En qué quedamos?
— PSOE Madrid (@psoe_m) March 26, 2025
¿El plan lo lleváis a cabo en los días pares y lo recurrís en los días impares?
Lo dicho: racismo y xenofobia. Con los menores ucranianos no hubo problema de financiación ni de nada. https://t.co/z08gRRLjzR
Del compromiso al recurso
El recurso presentado por la Comunidad de Madrid ante el Constitucional alega que el reparto de menores migrantes vulnera la Constitución al invadir competencias autonómicas y no respetar los derechos fundamentales de los propios menores. El argumento central gira en torno a que la tutela y acogida de estos niños y niñas es competencia exclusiva de las regiones, y que el decreto aprobado por el Gobierno “carece de justificación” y “fue pactado con partidos independentistas, no con las comunidades”.
Ayuso dice una cosa y hace la contraria: del "sí" al reparto de menores al recurso ante el Constitucional
Sin embargo, las propias palabras de Ayuso días atrás contradicen esta posición. Entonces, afirmó que aplicaría el reparto, reconociendo la situación de emergencia migratoria. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Según el PSOE, nada, salvo el intento de confrontar de nuevo con Pedro Sánchez, incluso a costa de la infancia vulnerable.
“No es racismo, es responsabilidad”… ¿o sí lo es?
Desde el entorno de Ayuso se insiste en que el sistema de acogida madrileño está “sobresaturado” y que el Gobierno central no garantiza una financiación suficiente. Aseguran que la red está al 150% de su capacidad, aunque no han aclarado públicamente cuántas plazas reales existen en la región ni cuántas se han ampliado. El Gobierno de España ha reservado 100 millones para financiar la acogida en todo el país, una cifra que, según Moncloa, se ampliará si es necesario.
Para el PSOE-M, estas excusas “se caen solas”. La portavoz socialista en la Asamblea, María Espinar, recuerda que durante la guerra de Ucrania la Comunidad acogió a cientos de menores sin escudarlo en debates legales ni económicos. “El problema no es el número de plazas, ni el dinero. Es que esta vez los niños no son europeos, son africanos. Y eso lo cambia todo para Ayuso”, denunció Espinar con contundencia.
Una gestión con tintes ideológicos
El recurso de Ayuso también se agarra a cuestiones formales: denuncia que el decreto se ha aprobado por vía de urgencia cuando, según la Comunidad de Madrid, el problema migratorio no es nuevo. Pero ese argumento no cuadra con la alarma que la propia Ayuso ha alimentado en los medios sobre el “caos migratorio” y la supuesta “invasión” de menores que “colapsan los servicios públicos”.
Para el PSOE-M, se trata de un discurso peligrosamente ideologizado. “La derecha de Ayuso ha asumido sin rubor los marcos más duros de la extrema derecha: mezclar migración con criminalidad, vincular ayuda social con privilegio, y convertir a niños y niñas en problemas”, denuncian desde la dirección socialista. Además, acusan a la presidenta de utilizar este conflicto para desviar la atención de los verdaderos problemas de la Comunidad: vivienda, sanidad y educación.
Ayuso no oculta su intención de llevar también el decreto ante la Unión Europea. Una escalada jurídica que, en opinión de los socialistas, no responde a ninguna preocupación legal real, sino al objetivo político de confrontar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Todo esto tiene menos que ver con los menores y más con las elecciones europeas de junio”, deslizan fuentes del PSOE-M.
La presidenta madrileña ha convertido la guerra institucional contra el Gobierno central en el eje de su política. Lo ha hecho con la fiscalía, con los jueces, con la sanidad y ahora con la migración. Pero, en este caso, la batalla tiene un coste más alto: compromete el bienestar de cientos de menores, que esperan una acogida digna, no una guerra política.
Madrid podría recibir unos 700 menores: Cataluña, solo 20
Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno madrileño es que el reparto “no es justo”. Según el cálculo difundido por Junts, Cataluña apenas recibiría una veintena de menores, mientras que a Madrid le corresponderían unos 700. Esto ha sido interpretado por Ayuso como un pacto político entre el Gobierno y los independentistas catalanes, para “quitarse el problema de encima” a costa de otras regiones.
Sin embargo, desde el Gobierno se recuerda que el criterio de reparto se basa en criterios técnicos: población, capacidad instalada, antecedentes de acogida. “Madrid no puede ser solo la capital para cobrar impuestos. También debe serlo para ejercer la solidaridad”, respondía un alto cargo del Ministerio de Inclusión.
Más allá del ruido político y los recursos legales, hay algo que la presidenta de Madrid parece olvidar: detrás de cada cifra hay una historia. Menores que cruzaron el mar solos, huyendo de conflictos o de la miseria. Que no eligieron nacer donde nacieron. Que no tienen padres ni familia en Europa. Y que merecen algo más que ser usados como arma arrojadiza en un conflicto institucional.
El interés superior del menor debería ser la guía de cualquier administración. Lo dice la Constitución, lo dice la ley y lo dice el sentido común. Usar a niños y niñas para alimentar discursos xenófobos no solo es mezquino: es una vergüenza.
Cuando el oportunismo se impone a la humanidad
Isabel Díaz Ayuso ha cruzado una línea peligrosa. Ya no se trata solo de confrontar con el Gobierno. Esta vez ha puesto en cuestión principios básicos como la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el deber institucional de proteger a la infancia.
Su incoherencia, su oportunismo y su falta de empatía la retratan mejor que cualquier titular. Y mientras ella juega a los tribunales, cientos de menores siguen esperando algo tan básico como una cama, un plato de comida y una oportunidad de empezar de nuevo.