La política contemporánea se libra en buena medida en los pasillos. Ahí, donde los ministros tropiezan con micrófonos y los diputados esquivan cámaras, se han construido momentos que definen gobiernos y arruinan carreras. La decisión de la Mesa del Congreso español de aprobar una normativa que restringe severamente la acreditación de periodistas y limita la actividad informativa dentro de la Cámara apunta directamente contra ese ecosistema de incomodidad y escrutinio.
Es innegable que en los últimos tiempos se han producido abusos por parte de determinadas personas del ámbito de la extrema derecha, lo que, evidentemente, provocó la reacción inmediata de los compañeros de la práctica totalidad de medios de comunicación que veían cómo se pretendía sustituir la viralidad en redes sociales por la información contrastada y verificada. El periodismo nunca es espectáculo, la provocación tampoco. Sí que lo es el realizar preguntas incómodas, esas de las que huye constantemente el presidente del Gobierno con la misma velocidad que si estuviera en Paiporta.
Sánchez y, por extensión, el PSOE sanchista, es enemigo de que le incomoden o de que le saquen las vergüenzas. Tiene pánico a no tener una respuesta. Por eso no le gustan los medios pequeños que, independientemente de su línea editorial o su sesgo ideológico, son los que tienen menos cortapisas a la hora de controlar al poder. Está sucediendo en Estados Unidos con Donald Trump, quien está retirando las acreditaciones a todos los medios y periodistas incómodos. ¿Qué diferenci ahay entre el presidente estadounidense y el PSOE de Pedro Sánchez? Tomando como punto de partida esta modificación del reglamento, ninguna. Eso sí. Trump no discrimina entre grandes medios y pequeños.
El texto, respaldado por la mayoría de PSOE y Sumar, excluye del acceso parlamentario a medios pequeños (aquellos con menos de diez trabajadores), canales de YouTube y cadenas digitales. También veta a las ediciones online de periódicos tradicionales, a agregadores de contenido y a cualquier periodista vinculado con equipos de comunicación de partidos. Incluso los acreditados se enfrentarán a limitaciones estrictas: los redactores no podrán tomar imágenes, solo audio; los reporteros gráficos no podrán grabar vídeo; y las entrevistas estarán supeditadas al consentimiento del político interpelado. Lo espontáneo, lo imprevisible, lo revelador, queda cercado por un reglamento que amenaza con sanciones a quien lo desafíe.
El Partido Popular ha calificado la medida de “cacicada”. Y aunque la crítica sea interesada, los partidos siempre se indignan más cuando no controlan la agenda, el argumento no carece de fundamento. Los reglamentos previos ya permitían sancionar conductas abusivas. Lo nuevo no es el control de las formas, sino el control de los actores: quién tiene derecho a preguntar y, sobre todo, quién no.
La versión oficial es la ordenación del espacio y la preservación de la intimidad parlamentaria. En abstracto, el argumento no carece de sentido. La revolución digital ha multiplicado el número de micrófonos, cámaras y plataformas que pugnan por un hueco en el Congreso. Pero el modo elegido para regular esa efervescencia es profundamente excluyente: se traza una línea divisoria que privilegia a grandes corporaciones mediáticas frente a los proyectos pequeños, emergentes o digitales. En un país donde los diarios tradicionales se enfrentan a una erosión de credibilidad y las nuevas generaciones consumen información en formatos breves y digitales, la norma parece diseñada para proteger un oligopolio informativo cómodo con el poder.
Lo más preocupante, sin embargo, no es el sesgo corporativista, sino el precedente institucional. Si el Congreso puede decidir qué periodistas merecen preguntar, la libertad de prensa deja de ser un derecho para convertirse en una concesión. Lo que se plantea como orden administrativo es, en realidad, una arquitectura de control político sobre la información.
La paradoja es evidente: en un momento en que la política española sufre de desafección ciudadana y polarización extrema, el órgano central de la democracia se atrinchera frente al escrutinio público. Con la coartada de la disciplina, se institucionaliza la opacidad. El Congreso no se abre a los ciudadanos; se blinda de ellos.
Las consecuencias internacionales no deberían subestimarse. En la Unión Europea, donde Bruselas examina con lupa los retrocesos en el Estado de derecho de Hungría o Polonia, la decisión española será interpretada como un paso inquietante hacia la erosión de un principio democrático básico: la incomodidad de los poderosos ante las preguntas incómodas de los periodistas.
La medida, lejos de modernizar la relación entre prensa y política, parece anclada en una concepción autocrática: los representantes deciden cuándo, cómo y quién puede fiscalizarlos. Se ha querido poner orden; lo que se ha puesto es un muro. Y como toda muralla levantada en la política, la pregunta no es si se caerá, sino cuánto daño hará antes de derrumbarse.