El Tribunal Constitucional ha dado a conocer su hoja de ruta respecto a los recursos presentados en torno a la ley de amnistía y, contra lo inicialmente previsto, ha decidido pronunciarse a la vuelta de las vacaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo y, paralelamente, la admisión a trámite del amparo de Carles Puigdemont presentado en julio pasado después de haber agotado la jurisdicción ordinaria. Se da por segura la admisión a trámite tal y como sucedió con las de Lluìs Puig, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Pero la petición del expresident de la Generalitat de que se le levante la orden de busca y captura en territorio nacional no prosperará. La ponente es la magistrada progresista Laura Díez que fue la redactora de un informe previo de la demanda en el mismo sentido presentada por Lluìs Puig. Y será la misma jueza la que se encargue de estudiar los recursos de amparo que podrían estar resueltos antes de que finalice el año. La corte de garantías tiene por costumbre pronunciarse sobre los amparos en un plazo de seis meses. Es la nueva política establecida por Conde-Pumpido de la que se van a aprovechar los líderes del procès. Y este calendario ha sido acogido positivamente en Waterloo.
A pesar de que cuenta con escasas posibilidades de que se le levante la orden de busca y captura, Carles Puigdemont empieza a ver la luz al final del túnel, según señalan en su entorno. Tal vez ha sido por eso por lo que ha dado orden a los diputados de Madrid para que negocien “positivamente” las iniciativas legales presentadas por el gobierno. Eso no significa que vayan a dar luz verde a todas. Pero, al menos, la actitud de Miriam Nogueras y los otros seis miembros de la cámara baja no será tan negativa como la que ha venido manteniendo últimamente. Incluso cabe la posibilidad de que se sienten a discutir un proyecto de presupuestos del Estado para 2026. Ahora todo es posible porque en el entorno del expresident están convencidos de que, antes de que finalice el año, el Constitucional dictará sentencia favorable.
Demasiado optimismo en el ámbito independentista. Fuentes próximas a la corte de garantías se inclinan por barajar la hipótesis de que esperarán a conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de pronunciarse. La corte judicial suprema de la UE celebró, el pasado 15 de julio, una vista oral en la que se analizó la compatibilidad de la ley de amnistía con los principios del derecho europeo y la posible afectación de los intereses financieros de la propia UE por los gastos del procès, en sendas demandas presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. En el TC confían en que la justicia europea dictaminará si hay límites para la aplicación del perdón a los líderes soberanistas catalanes. Y dependiendo de lo que digan los jueces se adoptará la resolución de su amparo.
Si la corte de garantías resuelve el asunto de la aplicación integral de la amnistía en función de lo que digan en la corte de Luxemburgo, bien harían los abogados de Puigdemont en no echar las campanas al vuelo tan pronto. En la vista oral del 15 de julio, el representante de la Comisión Europea se mostró radicalmente contrario a la ley de amnistía. La criticó en todos los sentidos. Entre otras cosas dijo que las autoridades españolas no habían tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia, y descartó la compatibilidad de la utilización de los fondos en el proceso independentista con el derecho europeo. Sólo le faltó calificarla como un caso evidente de corrupción contrario a la normativa comunitaria.
Es cierto que la composición del colegio de comisarios de la CE es mayoritariamente conservadora. Y también está claro que el “representante” del Partido Popular en Bruselas, Esteban González Pons, se está moviendo con cierta eficacia. Por eso a nadie debe de extrañar que el representante en la corte europea hubiese calificado de “autoamnistía” la LOA señalando que no parece que “obedezca el interés general” y que su fin no era buscar la normalización de Catalunya, sino lograr el voto de los siete diputados de Junts para investir presidente a Pedro Sánchez. Si González Pons se hubiese atribuido la autoría de la intervención del abogado del colegio, Carlos Urraca, nadie le hubiese desautorizado, seguro.
La clave sobre la que deberá pronunciarse el TJUE reside en conocer su opinión sobre la compatibilidad de la LOA con las directivas comunitarias. Y como contraposición a las manifestaciones del representante legal de la comisión hay que tener en cuenta lo que se dijo en la vista oral, que ninguna directiva europea "puede aplicarse directamente" y que son los estados miembros quienes las tienen que interpretar y trasponer. Los juristas recuerdan que una directiva “tiene un efecto vertical, pero no descendente", es decir, obliga a los estados miembros, pero no se puede aplicar a los ciudadanos, y más si ha sido mal traspuesta.
Ahora, hay que esperar a ver lo que dicen los miembros de la instancia judicial que preside Koen Lenaerts. El abogado general, una figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico pero determinante en Luxemburgo, Dean Spielmann, no ha anunciado la fecha en la que emitirá su opinión sobre los términos en que deberá pronunciarse la sentencia del TJUE, pero todo parece indicar que lo hará en el último trimestre del año y que, para entonces, la corte europea fallará.
Ese será el momento en el que el Constitucional, teniendo en cuenta los fundamentos de los jueces europeos, se pronunciará sobre el amparo solicitado por los líderes independentistas. Lo que sí parece claro es que nadie deberá dar por cerrada esta historia por mucho que en Waterloo así lo crean. Si el TC se inclina por considerar que la utilización de los fondos públicos entra dentro de la medida de gracia, el Supremo planteará, de nuevo, una cuestión prejudicial en Luxemburgo, y vuelta a empezar.
Lo que pasa es que Puigdemont y sus compañeros del procès empezarán a ver el final del túnel en que se metieron en 2017 cuando decidieron sacar adelante una independencia para Catalunya que parece olvidada. Al menos de momento.