Isabel Díaz Ayuso se acerca, cada vez más, a Vox y acusa a la “agenda ideológica” de ser la culpable de las catástrofes naturales que están asolando el país. La agenda ideológica, como la llama la presidenta de la Comunidad de Madrid, no es otra cosa que la llamada “Agenda 2030” que de ideológica tiene más bien poco. Ha sido asumida por 193 gobiernos bajo el auspicio de Naciones Unidas. Todos miembros de la ONU con regímenes, ideologías, y estrategias diferentes, pero con un objetivo común: el desarrollo sostenible de este planeta. Díaz Ayuso, siguiendo el mismo argumento que la extrema derecha, sostiene que la “agenda” no les permite limpiar los bosques y los cauces de los ríos y luego vienen las lamentaciones. Si se repasan los objetivos del texto suscrito se podrá constatar la inexistencia de ese tipo de prohibiciones. Es cierto que se prioriza la ecología, pero, tal y como se ha dicho en innumerables ocasiones, la conservación del medio ambiente no implica mantener la guarrería que hay en los bosques de este país. Con este planteamiento, la derecha conservadora no hace más que justificar su racanería a la hora de mantener limpios los bosques y cauces fluviales. Y luego pasa lo que pasa. Es, como dijo hace unos días un analista, el fuego se apaga con dinero. Es así de siempre.
Lo primero que hay que hacer es dejar de mezclar la velocidad con el tocino y ponerse a trabajar para evitar que el año que viene vuelva a suceder lo que estamos padeciendo. En lugar de bajar impuestos a los ricos y subvencionarles su manera de vivir hay que empezar a plantearse una reforma estructural de la política de medio ambiente que se base en la prevención. Para ello tenemos todo el invierno y lo primero que hay que hacer es dotar de medios humanos nuestros montes y la España vaciada. En diez años se ha reducido casi en un 50% la inversión en esta materia. Los contratos de los bomberos forestales, fijos discontinuos, terminan con la temporada estival y sólo quedan unos insuficientes retenes. Han desaparecido los observatorios que se encargan de la vigilancia porque no hay profesionales que los ocupen. El problema de fondo es que el servicio de prevención de incendios en los montes de este país está privatizado. Es la política de las administraciones autonómicas gobernadas por el PP que, lo quieran o no en Génova, son de su exclusiva competencia. Y las empresas que obtienen la concesión, mediante un proceso escasamente transparente, contratan lo justo para ir tirando y en verano. Los sueldos de esos trabajadores, algunos de los cuales han pagado con su integridad física su trabajo, apenas sobrepasan los 1.300 euros al mes. Sus jornadas han llegado a superar las veinte horas en los momentos más críticos. Su sustento se basa en los bocadillos que les facilitan los ayuntamientos, en ocasiones con excesiva racanería, dos o tres lonchas de mortadela. Por no tener, ni llevan botellines de agua necesarios para hidratarse y si los consiguen es gracias a los vecinos los cuales son conscientes del esfuerzo a veces sobrehumano que hacen.
Si en la dana que asoló la comarca de la Ribera de Valencia se constató la ineficacia de los servicios de emergencia del gobierno autonómico presidido por el cuestionado Carlos Mazón, ahora se ha comprobado la insuficiencia de los esfuerzos realizados por los equipos forestales. Y es que desde noviembre de 2024 está vigente una ley básica que regula su actividad, la 5/2024, que “no se aplica en ninguna de las comunidades autónomas” según el relato de varios bomberos movilizados en casi todos los territorios por sus derechos. Y uno de los principales factores de sus quejas es la temporalidad del sector que se justifica porque “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro” según el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Muchos territorios, como Madrid y Castilla y León, principales enclaves afectados y donde peores condiciones sufren estos profesionales, se lavan las manos y entregan el servicio a una concesionaria a la que no encargan labores de prevención ni un buen trato a los trabajadores. Diaz Ayuso lo ha dicho. Que su gobierno apenas puede hacer nada ante la protesta de los bomberos. Sólo recordar a la presidenta que es muy sencillo rescindir un contrato si no se cumplen las condiciones mínimas del servicio. Ocurre con frecuencia con los servicios municipales de limpieza y recogida de basuras cuando se producen huelgas que hacen peligrar la salud ciudadana. Pues bien, en este caso, la catástrofe afecta a la vida, la integridad física y los bienes de las personas. ¿Hacen falta más razones para abordar la crisis?
Los bomberos forestales de Madrid recuerdan veranos duros, como el de 2022, y otras situaciones dramáticas en las que se ensalzó su figura, los compromisos de los diferentes partidos se sucedían y el consenso social apuntaba a reforzar las labores de prevención de incendios y mejorar la situación laboral de los servidores públicos que la desempeñan. Pasado el foco político y mediático nada cambió y no esperan que ahora sea diferente.
Los impuestos de la ciudadanía deben destinarse a financiar los servicios públicos y el mantenimiento, conservación y prevención de incendios de nuestro patrimonio forestal es uno de ellos, probablemente el más prioritario junto a la sanidad y la educación. España tiene la tercera mayor extensión de superficie arbolada de la Unión Europea. Ocupa el 55 por ciento de superficie geográfica de este país y tiene un importante peso sobre la economía. Es un factor fundamental en la lucha contra el cambio climático. Pero hay que tener en cuenta que desde enero se han quemado casi 100.000 hectáreas, más del doble de la de 2024, cuya vegetación tardará años en repoblarse.
Además de dotar de mayores medios materiales y humanos, con salarios y condiciones de trabajo dignas, a los servicios contra los incendios forestales son necesarias políticas estructurales de prevención. Limpieza de los bosques, de los cauces fluviales y de todo aquello que pueda provocar catástrofes naturales. Los expertos saben como hacerlo. Ahora toca a los políticos ejecutar los numerosos informes que se elaboran al respecto. Y hay que dejarse de tonterías de justificar lo injustificable con argumentos como el de la “agenda ideológica”. No se debe mezclar el tocino con la velocidad. Algo a lo que, desgraciadamente, nos tiene acostumbrados Isabel Díaz Ayuso.