Alberto Núñez Feijóo se ha esforzado en construir una imagen de político limpio, sobrio, ajeno al lodazal de la corrupción que ha salpicado a su partido durante décadas. “Jamás ha habido nadie de mi gobierno ni de mi equipo imputado por corrupción”, repite como si fuera un mantra. Pero esa afirmación, categórica y sin matices, es sencillamente falsa.
Durante los trece años en que presidió la Xunta de Galicia, fueron varios los cargos públicos bajo su responsabilidad directa que acabaron imputados, investigados o condenados por delitos relacionados con la corrupción. La hemeroteca, los autos judiciales y las dimisiones forzadas cuentan una historia muy distinta a la que vende el ahora líder de la oposición.
Una galería incómoda: nombres, cargos y causas
Uno de los casos más relevantes, y más incómodos para Feijóo, fue el caso Campeón, una red de favores entre empresarios, cargos públicos y estructuras del PP gallego para obtener subvenciones y contratos públicos. En esa trama fueron imputados y posteriormente condenados tres figuras clave de la administración económica gallega:
Pablo Cobián, diputado autonómico del PP, imputado y condenado por tráfico de influencias y negociación prohibida con funcionarios.
Joaquín Varela de Limia, director del IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica), también condenado por su papel en la misma trama.
Carlos Silva, subdirector del mismo organismo, imputado y condenado por delitos similares.
Pese a la gravedad de los hechos, Feijóo jamás asumió responsabilidad política alguna por esos nombramientos ni por el escándalo institucional que supusieron. Prefirió presentar los hechos como casos aislados, sin conexión con su gestión, y evitar cualquier reflexión crítica sobre los criterios con los que seleccionaba a sus altos cargos.
Pero el caso Campeón no fue una excepción. Otro episodio particularmente revelador fue la imputación de Paula Prado, entonces portavoz del PPdeG, y ahora diputada en el Parlamento de Galicia y secretaria general del Partido Popular de Galicia, por cuatro delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos, en el marco de la conocida Operación Pokémon, una investigación de corrupción político-empresarial con ramificaciones por toda Galicia. Prado fue arropada por el partido y por el propio Feijóo, que nunca cuestionó su idoneidad.
A esta lista se suma Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, imputado por falsedad documental, aunque por hechos anteriores a su cargo. La causa fue archivada, sí, pero la imputación existió y nunca fue motivo de autocrítica. Ethel Vázquez, directora de Infraestructuras y posteriormente conselleira, también fue imputada en la causa del caso Campeón, aunque la instrucción no prosperó. Son, como mínimo, situaciones de alarma institucional que cualquier gobierno serio habría considerado incompatibles con la ejemplaridad que Feijóo proclama.
Y luego está el caso del alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde Roa, una figura promocionada y respaldada por Feijóo, que acabó condenado por defraudar casi 300.000 euros a Hacienda. Su dimisión fue inevitable. Lo que no llegó fue ninguna explicación del líder gallego sobre cómo un político con ese historial fiscal llegó a encabezar una candidatura municipal clave.
El negacionismo como estrategia
Lo más grave no es solo el número de imputados o condenados. Lo grave es la estrategia sistemática de negación, la construcción de una burbuja de impunidad política donde los hechos se ignoran y las responsabilidades se diluyen. Feijóo, como máximo responsable de esos gobiernos, jamás ha dado explicaciones políticas por estos episodios. Ha preferido instalarse en la mentira cómoda, confiando en que la falta de memoria o de presión mediática le permita seguir proclamando una pureza que no se sostiene.
Esa negación no es ingenua. Es calculada. Se basa en una forma de hacer política que separa la responsabilidad judicial, de la que solo se habla cuando hay condenas firmes, de la responsabilidad política, que en su caso nunca llega. Mientras tanto, acusa a otros de "no limpiar sus casas", como si la suya no acumulara polvo, moho y algunos cadáveres administrativos.
La ironía es evidente: quien presume de haber dirigido el único gobierno limpio del Partido Popular ha pasado más de una década rodeado de escándalos que, aunque intentó presentar como ajenos, estaban en el corazón de su gestión.
Una narrativa construida sobre el olvido
Feijóo no ha sido un político aislado en un entorno corrompido. Ha sido parte del engranaje, ha nombrado, defendido y protegido a personas que hoy están marcadas por la corrupción. Su relato de ejemplaridad no sobrevive a la luz de los hechos, y su liderazgo actual se asienta sobre la ocultación de un pasado que él mismo insiste en negar.
Quizás ese sea su verdadero legado: haber normalizado la corrupción en su entorno mientras construía una imagen pública impoluta, confiando en que la retórica limpia pueda ocultar el barro acumulado tras los despachos. Porque cuando repite que “jamás ha habido nadie de mi equipo imputado”, no está simplemente exagerando. Está mintiendo. Y lo sabe.