En 2021, el comité de derechos humanos de la ONU dictó una resolución en la cual califica de arbitrario el proceso penal contra Baltasar Garzón, juez condenado por prevaricación a once años de inhabilitación por ordenar la grabación de las conversaciones entre los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y sus abogados en la cárcel de Soto del Real, por intentar dar respuesta a las víctimas de los crímenes del franquismo, y por unos cursos que había realizado en Nueva York. El resultado fue dispar. Por las escuchas fue condenado, por la investigación de los crímenes del franquismo se le declaró competente y, por lo tanto, absuelto y lo de Nueva York se archivó. Pero hubo una irregularidad manifiesta que es la que ha provocado la resolución de Naciones Unidas, posteriormente ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los juicios se celebraron por la misma sala y bajo la misma presidencia. Ahora, con la resolución en la mano, Garzón ha llevado el asunto a la Audiencia Nacional tras requerir administrativamente una respuesta del ministerio que ha optado por el silencio administrativo negativo. Y el fiscal que se lleva su causa ha sido tajante: el ministerio de Félix Bolaños debe cumplir con la reparación integral de la condición de Baltasar Garzón, el borrado de sus antecedentes penales, la ejecución de una compensación económica adecuada y medidas para evitar violaciones semejantes en el futuro.
El exjuez dice que sólo se trata de una reparación moral, que no pretende volver a la carrera judicial pero que su situación está haciendo mucho daño a su entorno. A su mujer, Dolores Delgado, el Supremo la ha negado su condición de fiscala de sala de Memoria Democrática por entender que es incompatible con el trabajo que lleva a cabo su marido en el bufete que dirige. Y eso lo ha sentenciado el recientemente nombrado presidente de la sala de Lo Contencioso Administrativo, Pablo Lucas, considerado progresista pero que es el autor de controvertidas resoluciones entre otras esta que demuestra cierta enemistad a Baltasar Garzón.
Una enemistad que ya tuvo que sufrir el juez durante la instrucción de la causa contra él por las escuchas telefónicas. El instructor fue el magistrado del Supremo, Luciano Varela, un hombre crítico con Garzón, a quien calificaba de “juez estrella”. El mismo que fue ponente de la querella, presentada en 2008, que atribuía a Garzón el supuesto cobro de 1,7 millones de dólares por unos cursos en la Universidad de Nueva York. Garzón recusó al magistrado instructor por haber aconsejado a la organización ultraderechista Manos Limpias, una de las denunciantes, cómo debía ser su escrito de acusación. En una providencia, sugería borrar determinadas partes del escrito. La defensa de Garzón denunció que se habían plagiado párrafos completos de un auto del instructor del Supremo. El letrado Gonzalo Martínez Fresneda, defensor del magistrado, habló de parcialidad en cuanto a la actuación de Varela. La recusación fue rechazada y el 12 de mayo comenzó el juicio oral contra Garzón quien fue suspendido por el CGPJ, según obligaba la Ley.
A partir de ahí se precipitan los acontecimientos. Falange Española se persona como acusación popular. Había sido expulsada de la instrucción que llevaba a cabo el juez sobre las tropelías del franquismo porque la organización estaba siendo investigada. Ante la evolución de los hechos, y tener que afrontar no una sino tres querellas, las plataformas de reconocimiento de la memoria histórica decidieron apoyar al juez y el 24 de abril de 2010 convocaron manifestaciones y concentraciones en las principales ciudades españolas en apoyo del magistrado. El representante de la organización pro-derechos humanos Human Rights Watch (HRW), Reed Brody, denunció el “doble rasero” de la Justicia española, que investigó dictaduras como las de Chile y Argentina, pero ha encausado a un juez por hacer lo mismo con el franquismo. En la misma línea, Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú y abogado de la parte civil en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, mostró su sorpresa “de que los países no quieran a los jueces que justamente legitiman a su poder judicial, que son independientes y que prefieren el honor y la justicia al pasado vergonzante”.
De nada sirvieron las protestas y presiones. Por sus investigaciones sobre el pasado franquista, y sus cursos en Nueva York, Baltasar Garzón fue absuelto, pero por las escuchas telefónicas a los líderes de la trama del Partido Popular se le condenó y se le apartó de la carrera judicial. Muchas cuentas pendientes con el juez que había ejercido políticamente como delegado del Plan Nacional contra las Drogas en un gobierno socialista. No se le perdonó la “persecución” contra el dictador chileno Augusto Pinochet sobre el cual llegó a presentar una solicitud de extradición que fue rechazada por un tribunal de Londres alegando una “enfermedad”. No debía estar muy enfermo cuando, una vez en territorio chileno, se levantó de la silla de ruedas con la que justificaba su dolencia, y con paso firme y marcial se dirigió a la tropa que le rendía honores.
El despacho de abogados que dirige se ha dedicado a defender a personalidades relevantes como es Julián Assange en el caso WikiLeaks. El bufete está especializado en la memoria democrática y los derechos humanos. Por ese motivo su mujer, Dolores Delgado, exfiscala general del Estado y exministra de Justicia, recibe continuos vetos por parte de la derecha judicial que ha tenido que aceptar, de mala gana, su ascenso al rango de fiscala de sala. Eso sí, jurándosela al que ha apostado por ella, Álvaro García Ortiz, hasta tal punto que ha maniobrado para sentarle en el banquillo de los acusados.
Parece que la estructura judicial de este país no aprende de los requerimientos de los organismos internacionales. La ONU ha ordenado al gobierno que adopte las medidas necesarias para que estas cosas no vuelvan a suceder, pero, en el día a día, se está viendo la impunidad y arbitrariedad con que actúan algunos jueces. Casos como el de Baltasar Garzón se repiten continuamente. Ya es hora de que se empiecen a tomar medidas contra esos facinerosos que no hacen más que maniobrar para apartar de su mundo a los que no piensan como ellos.