Salvador Illa, exministro de Sanidad del gobierno socialista, se enfrenta a un intenso escrutinio en la comisión del Congreso dedicada a investigar la adquisición de material sanitario durante la crisis del COVID-19. En una sesión que busca aclarar numerosas dudas sobre la gestión del ministerio en un momento crítico para España, Illa ha afirmado: “Sabemos que actuamos de forma correcta, aunque hubo gente, unos pocos, que se aprovecharon de la situación”. Esta declaración encapsula la dualidad de una crisis que, según Illa, mostró "lo mejor de la sociedad española y lo peor de unos pocos".
Illa y sus decisiones durante la pandemia
El contexto de la pandemia obligó al gobierno a tomar decisiones rápidas frente a la escasez global de material médico. Illa ha defendido la gestión de su ministerio explicando el procedimiento adoptado para abastecer al país de mascarillas y otro material esencial. Según el exministro, la falta de recursos disponibles en el mercado europeo llevó al gobierno a buscar proveedores en Asia, principalmente en China. “Ante la imposibilidad de cubrir las necesidades a través de los proveedores españoles y europeos, acudimos a mercados asiáticos”, explicó Illa, destacando la dificultad de operar en un mercado inundado de ofertas, muchas de las cuales provenían de "oportunistas con precios desproporcionados".
Durante su intervención, Illa subrayó los "rigurosos análisis" que se aplicaron para evaluar tanto la calidad del producto como la seriedad de los proveedores antes de proceder a cualquier compra. Esta medida buscaba minimizar los riesgos de involucrarse en operaciones fraudulentas o de recibir productos de baja calidad que no cumplían con los estándares necesarios para enfrentar la pandemia.
Cifras de las operaciones realizadas
Además, Illa aportó cifras concretas sobre las operaciones realizadas, destacando la firma de 28 contratos desde el 20 de marzo de 2020 por un valor de 750 millones de euros, que resultaron en la adquisición de cantidades masivas de material sanitario, incluyendo 642 millones de mascarillas quirúrgicas y 106 millones de mascarillas FFP2 y FFP3. Estas acciones, según el exministro, aseguraron el suministro suficiente para los próximos meses en un momento de incertidumbre global.
En un intercambio con Elías Bendodo, coordinador general del PP, Illa fue cuestionado sobre su relación con Koldo García, en el contexto de las investigaciones sobre las compras durante su mandato. Illa afirmó haberse reunido una sola vez con García y haberlo remitido a los técnicos, quienes finalmente decidieron no proceder con la compra. "Hice lo que tenía que hacer", afirmó Illa, desvinculándose de cualquier irregularidad.
Bendodo no dejó pasar la oportunidad de atacar la gestión de Illa, sugiriendo que el ministerio fue un "coladero de empresas pirata". A estas acusaciones, Illa respondió que, hasta la fecha, ninguna investigación ha reprochado la actuación de los cargos vinculados al ministerio. Asimismo, reconoció que algunas mascarillas se compraron a precios superiores a los del mercado debido a la situación excepcional de la pandemia, enfatizando que el objetivo era adquirir los productos necesarios lo más rápido posible para responder a la emergencia sanitaria.
Illa defiende su gestión
El debate también tocó el tema de las comisiones pagadas en las compras de material sanitario, un punto en el que Bendodo acusó al gobierno central de pagar comisiones excesivas en comparación con otras administraciones como la Comunidad de Madrid. Illa negó categóricamente el pago de tales comisiones, enfatizando la transparencia y la necesidad de actuar con rapidez ante una crisis sin precedentes.
La comparecencia de Salvador Illa en el Congreso pone de relieve la complejidad y los desafíos de gestionar una crisis sanitaria de magnitud global, mostrando las tensiones entre la necesidad de acción rápida y las acusaciones de aprovechamiento político y económico en tiempos de emergencia. La historia de esta gestión será analizada y juzgada no solo en el ámbito político sino también en el de la opinión pública, destacando la eterna lucha entre eficacia y ética en la gestión pública.